[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]l Superior Tribunal emitió este lunes un comunicado en el que se repudia la manifestación que hicieron el pasado viernes trabajadores judiciales dentro del Palacio de Justicia. La protesta se realizó en el marco del paro indefinido que se inició el jueves de la semana pasada con el objetivo de lograr una serie de mejoras laborales que el máximo tribunal puntano no cumple.
La manifestación se hizo en el primer piso del Palacio de Justicia y se caracterizó por la numerosa presencia de trabajadores, el uso de bombos y el canto contra el Superior Tribunal: “Que se vayan”.
Ante la contundente protesta, el Superior Tribunal decidió adoptar una postura acusatoria y descalificadora que se plasmó en su extenso comunicado.
“Este accionar agrupado, cobarde, violento, desafiante, provocador y claramente amedrentador para magistrados, funcionarios -y agentes que no adhirieron al paro– produjeron -entre otros perjuicios- la suspensión de los exámenes que el Consejo de la Magistratura de la provincia estaba tomando a Magistrados y Funcionarios que aspiran a cargos del Tribunal de Impugnaciones y Colegio de Jueces”, dice parte del comunicado del Superior Tribunal.
“Todo, con plena conciencia de su ilícito accionar patoteril, desdibujando sus individualidades en el anonimato y la impunidad que les da el grupo, al regodearse de la interrupción subiendo a las redes sociales el momento en que la Sra. Presidente del Consejo de la Magistratura -Dra. Monte Riso- explicaba a los atónitos catedráticos seleccionados como jurado técnico, las razones de esta interrupción”.
“Coadyuva en la certeza de lo que aseveramos, la conducta desplegada el primer día de paro -9 del corriente- al dirigirse en manifestación a Instituciones como el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis para imputarles “traición y demás epítetos irreproducibles” por no apoyar este infundado, injustificado e ilegal paro”.
Hacia el final de comunicado se insta el dialogo y afirma que no tolerará desmanes en las sedes del Poder Judicial.
El comunicado completo:
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis repudia enérgicamente los hechos vandálicos producidos por afiliados y directivos del Sindicato Judicial Puntano -SIJUPU- el día viernes 10 del corriente en horas del mediodía en los edificios del Poder Judicial de esta ciudad de San Luis.
Burlando las guardias del Edificio de Tribunales de calle Rivadavia y del Palacio de Justicia –que se vieron excedidos y desbordados en número-, procedieron a irrumpir y circular con bombos, bocinas y demás elementos sonoros, impidiendo con este accionar el normal servicio de Justicia en los distintos juzgados y dependencias de funcionarios, que este Superior Tribunal garantizó –ante el anuncio de huelga profusamente difundido– a la comunidad toda y en particular a los justiciables con causas en trámite en esta sensible época de fin de año.
Más grave aún, mediante este accionar agrupado, cobarde, violento, desafiante, provocador y claramente amedrentador para magistrados, funcionarios -y agentes que no adhirieron al paro- produjeron -entre otros perjuicios- la suspensión de los exámenes que el Consejo de la Magistratura de la provincia estaba tomando a Magistrados y Funcionarios que aspiran a cargos del Tribunal de Impugnaciones y Colegio de Jueces.
Todo, con plena conciencia de su ilícito accionar patoteril, desdibujando sus individualidades en el anonimato y la impunidad que les da el grupo, al regodearse de la interrupción subiendo a las redes sociales el momento en que la Sra. Presidente del Consejo de la Magistratura -Dra. Monte Riso- explicaba a los atónitos catedráticos seleccionados como jurado técnico, las razones de esta interrupción.
Coadyuva en la certeza de lo que aseveramos, la conducta desplegada el primer día de paro -9 del corriente- al dirigirse en manifestación a Instituciones como el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis para imputarles “traición y demás epítetos irreproducibles” por no apoyar este infundado, injustificado e ilegal paro.
El derecho de huelga es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, eso sí, regulando el mantenimiento de servicios si estos son esenciales y en este caso: las garantías precisas articuladas por este Superior Tribunal para asegurar el mantenimiento de los servicios de Justicia a la comunidad fueron ilegalmente obstaculizados y detenidos al impedir -en los hechos- la tarea judicial en las dos últimas horas de mayor labor diaria.
El vandalismo puede ocurrir en cualquier momento, como en el caso, cuando las barreras comunales -el sentido de respeto mutuo y las obligaciones de civilidad- se reducen con acciones que indican que “no les afectan las consecuencias” a quienes la producen, incluyendo a quienes hoy -por mandato legal- son funcionarios.
El resto de nosotros, incluidos los agentes judiciales que no adhieren a la ilegal medida, reconocemos la importancia de mantener intactos, los valores de civismo y respeto.
Entendimos y entendemos que el camino del diálogo -al que permanentemente instamos- es el correcto para solucionar los diferendos que pudieren producirse, pero nunca lo será el ilegal ingreso a dependencias públicas donde se presta un esencial servicio, con notorio peligro para derechos y libertades de terceras personas, con utilización de violencia, coacciones y amenazas. Censuramos el uso de la fuerza, prepotente actitud propia de los grupos intolerantes que desean hacer prevalecer sus ideas, último recurso del ser humano, sello identificatorio de los soberbios que pretenden ser dueños de las conciencias de los demás.
Son conscientes de que la expresión violenta nunca puede sacar razón alguna de su fuerza, la única medida de fuerza legítima es la que estriba en la razón, a pesar de lo cual insisten de manera ilícita e infundada.
El Superior Tribunal de Justicia no tolera ni tolerará desmanes y abusos en las sedes del Poder Judicial como los provocados desatinadamente por el Sindicato de Judiciales Puntanos, los que exceden de manera notoriamente ilícita el derecho a la crítica contra quienes cumplimos roles institucionales en la función jurisdiccional.
Los diferentes sectores y operadores forenses deben estar, ante todo, comprometidos en la defensa del estado de derecho contribuyendo, eficazmente a la realización de los fines constitucionalmente enunciados en el Preámbulo, entre los que destaca el de afianzar la justicia, exigible obligación jurídica incumplida por el Sindicato.
Por ello instamos a que asuman una actitud racional, cívica y esencial a favor de las Instituciones constitucionales.
