La licencia que solicita Domínguez, quien era el primer suplente en la lista por la que Lusquiños fue electo, es lisa y llanamente anticonstitucional, como lo establece el artículo 106 de la Constitución Provincial, el cual claramente consigna que “es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con el de otros electivos y con el de funcionario o empleado contratado, dependiente del Estado nacional, provincial o municipal, excepto la docencia y las comisiones honorarias eventuales de la Nación, de la Provincia o de los Municipios”. Para que no quede dudas, el artículo agrega: “Todo Diputado en ejercicio de sus funciones que acepte cualquier empleo de los declarados incompatibles cesa por ése hecho de ser miembro de la Cámara”.
Claramente, Domínguez debería renunciar a su banca de diputado provincial para asumir en la de Lusquiños. El problema radica que el mandato del fallecido legislador nacional vence en diciembre de este año, mientras que el de Domínguez como diputado provincial es hasta 2019. Por ende, si renuncia a su banca provincial se va a perder alrededor de $2.500.000, que es lo que cobraría como diputado por dos años.
Por suerte para Domínguez, las licencias anticonstitucionales son algo más que frecuente en la Legislatura provincial. De hecho, dos diputados, Eduardo Mones Ruiz y Graciela Corvalán, se encuentran gozando de ellas mientras trabajaban en el Gabinete del Gobierno provincial. Si bien estas licencias son sin goce de sueldo, la ausencia de estos legisladores deja sin representación a la gente que los votó.
Por otro lado, queda ver qué puede llegar a ocurrir en el Congreso de la Nación si Domínguez intenta asumir la banca de Lusquiños utilizando una licencia provincial anticonstitucional.
