[dropcap style=”square”]E[/dropcap]n otra sesión virtual que no fue transmitida públicamente por decisión del oficialismo provincial, las temáticas Covid nuevamente se apoderaron de la Cámara de Diputados y la oposición logró la aprobación, por 20 votos positivos a 19 negativos, de dos proyectos de declaración que habrá que esperar para ver si el Gobierno provincial también decide ignorar.
Uno de estos proyectos es del bloque Todos Unidos y propone “declarar la necesidad de la apertura inmediata de un canal de comunicación entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y los distintos actores del sector comercio y de producción de bienes y servicios, a los efectos recepcionar inquietudes y necesidades y dar respuesta a los planteos oportunamente presentados”.
“Necesitamos que el diálogo conduzca a políticas activas y concretas en beneficio de los comerciantes. En el 2018, mucho de los comerciantes que hoy están marchando recibieron los subsidios del ‘no bajen las persianas’, el cual celebramos en 2018, pero no pueden esperar hasta el 2021 porque se funden, cierran ahora, no pueden esperar que venga la próxima elección. Como representantes de la sociedad de San Luis hacemos esta manifestación, no es contra de nadie, es a favor de los comerciantes”, dijo el presidente del bloque Todos Unidos, Juan Pablo Funes Bianchi, cuando legisladores del oficialismo provincial se opusieron a este proyecto, argumentando que ya se han abierto canales de diálogo con los comerciantes.
Otro proyecto que se aprobó y al que también se opuso el oficialismo provincial fue autoría del diputado Luis Lucero Guillet, y pide “declarar de interés legislativo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Provincial conceda un incremento de sueldo al personal de salud provincial que se destaca en su accionar en el contexto de pandemia que atraviesa la provincia”.
“En la atención a la pandemia por COVID-19, el personal de salud (médicos, bioquímicos, kinesiólogos, enfermeros, choferes de ambulancias, trabajadores comunitarios, trabajadores sociales, farmacéuticos, personal auxiliar) enfrenta muchos retos: desde el inicio fueron la primera línea de atención, expuestos a circunstancias extremas para desempeñar su trabajo: a mayor riesgo de infección, largas jornadas laborales, falta de elementos de protección y testeos para todo el personal”, dice en sus fundamentos el proyecto, el cual también menciona la estigmatización y falta de elementos de protección que sufre el personal de salud.
Otro proyecto que logró su aprobación, relacionado a los comerciantes, fue autoría del diputado Bartolomé Abdala, el cual declara que se “vería con agrado eximir del impuesto provincial de ingresos brutos a todo comercio o entidad no esencial. Hasta la terminación de la Pandemia del COVID-19”.
“Los ingresos brutos son ingresos por ventas o prestaciones de servicios de manera que al no existir facturación, no se podría realizar la obligación del pago del impuesto. Si bien este impuesto está relacionado a las ventas, sucede que en muchas actividades existe la obligatoriedad de abonar un mínimo”, dicen los fundamentos del proyecto..
Por su parte, la exopositora y ahora ultraoficialista Sonia Delarco continuó con su catarata de proyectos declarando el beneplácito por todo lo que hace el Gobierno. Cabe destacar que los fundamentos de estos proyectos están extraídos literalmente de los partes de prensa del Gobierno, mientras que su articulado es siempre el mismo: 1) Declarar beneplácito por la compra de tal o cual cosa; 2) Comuníquese al Ministerio X; y 3) “Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese”.
De estos proyectos, el que más debate generó fue uno referido a declarar el beneplácito por las obras que había encarado el Gobierno provincial y que ahora van a terminar con ayuda financiera del Estado Nacional, como la réplica de La Recova y el vivero del dique Cruz de Piedra. Este proyecto fue votado en contra por legisladores de San Luis Unido, mientras que Todos Unidos lo apoyó, logrando así su aprobación, pero igual realizó algunas críticas.
“Apoyamos que la provincia trabaje en conjunto con el Gobierno como corresponde, nos gusta que la plata de todos los argentinos en parte venga a San Luis”, dijo Funes Bianchi, quien señaló que el Gobierno provincial gastó 107 millones de pesos en esta obra y que para 2021 se presupuestaron 35 millones de pesos más. “Sería bueno que si el Gobierno Nacional nos va a enviar los fondos, modifiquen el presupuesto. Y si no es suficiente lo que la Nación envía, que nos digan cómo van a gastar esos fondos. Hay que transparentar”, dijo el legislador adolfista.
Funes Bianchi también pidió saber si hubo algún tipo de sanción para la empresa que hizo el vivero del dique Cruz de Piedra, ya que según las cuentas de inversión 2019 se gastaron 9,5 de los 10 millones presupuestados, pero la obra solo se ejecutó en un 60%. “La plata que viene de Nación, ¿va a ir a esa empresa para que sigan construyendo esta obra? ¿O van a llamar a una obra nueva? ¿O es a través de la obra pública nacional? Esas son cosas que tenemos que dejar en claro”, remarcó el diputado, quien se mostró agradecido de que el “Gobierno Nacional venga en rescate del presupuesto provincial”.
