[dropcap style=”square”]C[/dropcap]omo informó La Gaceta Digital, ayer martes el Senado sacó una resolución que ordenó remitir el proyecto de presupuesto 2019 a la Cámara de Diputados para que “remedie su intervención en el procedimiento reglado por el artículo 132 de la Constitución Provincial”. Lejos de remediar su intervención, la Cámara de Diputados hoy mantuvo su postura y, por mayoría de dos tercios, volvió a aprobar las modificaciones que realizó el pasado 7 de noviembre y remitió el proyecto al Poder Ejecutivo, el cual deberá vetarlo o promulgarlo.
La versión que ayer fue aprobada fue la que incluye el fondo de 700 millones de pesos para todos los municipios, que fue algo que introdujo el Senado y el Gobierno provincial en la segunda modificación, pero estableciendo que el dinero va a ser girado en pagos mensuales y que puede ser destinado a “programas relacionados con la obra pública municipal o acción social en beneficio de los habitantes de dichas localidades”; a diferencia de lo que decía el texto modificado por el Senado, el cual establecía que “los municipios deberán presentar proyectos enmarcados en el Plan de Lucha contra la Pobreza” sobre cómo gastar los fondos.
La atención del debate se centró nuevamente en el artículo 132 de la Constitución y también en el hecho de que el Senado no realizó modificaciones al proyecto, sino que aprobó una resolución, la cual, a su vez, estuvo basada en los aportes del constitucionalista Gregorio Badeni, a quien le pagaron aproximadamente $370 mil por su asesoramiento. El punto más de su dictamen que destacaron los senadores albertistas está basado en el artículo 81 de la Constitución Nacional, que dice: “La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”.
“Eso que dice la Constitución Nacional no lo dice la Constitución de San Luis. Si le van a ir a pagar a un constitucionalista de Buenos Aires $370.000 para que haga un dictamen para contradecirnos, que le pidan al menos que lea nuestra Constitución”, dijo Alejandro Cacace, presidente del interbloque Avanzar y Cambiemos (AyC), criticando duramente la resolución del Senado y el “asesoramiento” de Badeni.
Cacace también destacó el rápido tratamiento que el proyecto de presupuesto ha tenido en la Cámara de Diputados, a diferencia de las tres semanas que estuvo en la de Senadores, a la cual, según el presidente de AyC, “no le gustó” que removieran “esta maña que ellos habían puesto de los proyectos”.
El opositor también criticó el hecho de que el Senado, en vez de volver a modificar el proyecto, terminó aprobando una resolución que decía que lo hecho por Diputados estaba mal. “De repente han decidido ponerse en lugar de juez de nuestra actuaciones, y no es ese el rol que tienen”, dijo Cacace, quien destacó un punto del dictamen de Badeni, el cual manifiesta que si hubiera una discusión sobre la constitucionalidad de los procedimientos entre las dos cámaras legislativas, “debiera ser el Poder Judicial el que lo resuelva”.
Sobre este punto coincidió el diputado Pablo Zamora, presidente del bloque Mercedinos por el Cambio, señalando que si se persiste con este planteo de anticonstitucionalidad, “deberá ser el Poder Judicial el que deba resolver esta disputa”.
Por el lado de los albertistas, Alfredo Domínguez volvió a manifestar que la Cámara no podía realizar la modificación del pasado 7 de noviembre, que fue la segunda que hizo Diputados y la tercera en total del proyecto; y que toda esta disputa actual “se podría haber evitado si en primer lugar se respetaba el artículo 132”. “Insistir con una votación interpretando que debe ir al Poder Ejecutivo, estamos violando de punta a punta la Constitución provincial”, agregó Domínguez, quien luego fue respaldado por su compañero albertista Luis Martínez.
Y así pasó más de una hora, con diputados de ambos bandos básicamente repitiendo los mismos argumentos que dieron hace tres semanas. El proyecto fue finalmente aprobado, después de casi dos horas de debate, por 31 votos contra 8.
