[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]l diputado provincial de Libres del Sur, Joaquín Mansilla, presentó públicamente dos proyectos de su autoría. Uno plantea la implementación de la jornada escolar extendida por un año en la provincia de San Luis; mientras que el otro busca la creación de un sistema provincial de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Con respecto al primer proyectos, Mansilla apuntó principalmente a las medidas que, por la pandemia, los Gobiernos dictaron, prohibiendo las clases presenciales. “En la pandemia se agudizaron un montón de problemas”, dijo el legislador, quien explicó que su proyecta busca “nivelar el aprendizaje y el conocimiento y recuperar el tiempo que se perdió”. Además, remarcó que se contempla que los establecimientos “entreguen las 3 comidas diarias, con una calidad nutritiva adecuada para los niños en edad de crecimiento”.
La propuesta de Mansilla es por el término de un año, para ser aplicada en todas las escuelas primarias públicas de la provincia, y luego evaluar la experiencia para decidir su continuidad. En este sentido, La Gaceta consultó por experiencias pasadas, destacando que siempre surge la problemática de que en muchas escuelas funcionan distintos servicios en los diferentes turnos (por ejemplo primaria a la mañana y secundaria a la tarde). Mansilla reconoció esta problemática y apuntó que hay experiencias exitosas en escuelas privadas, pero no respondió cómo su proyecto se podría aplicar en todas las escuelas públicas de la provincia.
En otro momento de la conferencia, el legislador sostuvo que aplicar este sistema implicaría un aumento del presupuesto en un 25%.
En cuanto a su segundo proyecto, mucho más realizable que el primero, Mansilla se refirió a la Ley Nacional 26.827, que es la que establece el mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “Esta ley establece que todas las provincias tienen que tener un mecanismo legal para prevenir la tortura y hacer un seguimiento de los casos de apremios ilegales y de maltratos, y solamente 7 provincias lo tienen implementado. En San Luis hay una deuda con eso y entendemos que hay una posibilidad muy grande de poder avanzar en la calidad de defensa de los derechos humanos en nuestra provincia, aplicando este proyecto de ley”, dijo Mansilla, explicando que el ente sería autárquico y autónomo, y contaría con un “consejo consultivo donde participarían distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil”.
