[dropcap style=”circle”]M[/dropcap]ientras persiste en la sociedad el enojo por los llamados Vacunatorios VIP, a lo que se suma que el Gobierno provincial todavía no da a conocer el listado de “personal estratégico” que ha recibido la vacuna; la diputada Mónica Domínguez y dirigentes de la asociación civil Campo + Ciudad presentaron un proyecto que “prohíbe el acceso a cargos públicos, cargos electivos provinciales y a cargos partidarios, a las personas que fueron inmunizados contra el SARS-CoV2, violando la prioridad establecida en la campaña de vacunación provincial y por fuera del sistema de inscripción que la provincia había organizado”.
El proyecto de Domínguez propone que las personas que accedieron “a inocularse preferentemente sin ninguna clase de fundamento normativo ni sanitario, de lo que podrían seguirse verdaderas violaciones a los derechos humanos”, no puedan titularizar funciones públicas ni tener representación legislativa dado que “estas conductas se encuentran reñidas con la ética pública”.
Además, la iniciativa dispone que el Ministerio de Gobierno deberá brindar “información completa, veraz, adecuada y oportuna” respecto de las personas que fueron vacunadas al margen de los procesos ordenados por la autoridad sanitaria, quienes quedarán excluidos del acceso a los cargos públicos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder.
“El acceso a los cargos públicos y a los cargos electivos no debe constituir una fuente de privilegios, por lo que las personas que se han valido de sus cargos para acceder a inmunizarse, comprometiendo la vida y la salud de nuestros abuelos, de las personas enfermas y de los trabajadores esenciales, no son dignos de asumir ninguna responsabilidad ni representación de los intereses públicos”, concluyó Domínguez.
Por su parte, Servando Etchepare, dirigente de Campo + Ciudad y principal impulsor de la iniciativa, sostuvo: “Las acciones que han denunciado los medios de prensa en la provincia y reconocido públicamente algunas de las personas comprometidas en la campaña de vacunación VIP, deben tener algún tipo de sanción hasta tanto se esclarezcan las demás sanciones penales y administrativas; las personas que han sido vacunadas privilegiadamente, han defraudo la confianza pública y no merecen ser actores de la vida política”.
