“Las mismas construcciones en distintos municipios, como Villa Mercedes, las pagan antes de empezar a construir”, señalaron desde la Municipalidad.
Ayer, el secretario de Hacienda, Esteban Pringles, y la directora de Obra Privada, Claudia Ponce, ofrecieron detalles de las deudas que las empresas constructoras contratadas por el Gobierno provincial tienen con la Municipalidad.
“Lo que encontramos es que estas empresas construyen dentro del éjido municipal sin previa autorización o inicio del expediente con todos los requisitos. Muchas llegan a un grado de avance, casi del 100%, y sin cumplimentar o pagar el derecho a construcción. Las mismas construcciones en distintos municipios, como Villa Mercedes, lo pagan antes de empezar a construir. Encontramos una complicidad de estas empresas de pagarle a los amigos del Gobierno de la provincia y no pagar lo que corresponde dentro de la ciudad de San Luis”, dijo Pringles sobre las empresas deudoras.
De acuerdo el secretario, el detalle de las deudas, cuyo total es cercano a los 10 millones de pesos, es el siguiente:
-Coradir SA adeuda por Derechos de Construcción del Parque La Cerámica 1.932.580,84 pesos.
-Indyca SRL adeuda por Derechos de Construcción de 580 viviendas 3.692.631,80 pesos, mientras que por Derechos de Comercio adeuda 148.995, 13 pesos.
-Ruvial SRL adeuda por Derechos de Construcción por la construcción de 50 viviendas 304.298,50 pesos.
-La Punta Construcciones adeuda Derechos de Construcción por la construcción de 100 viviendas por 608.597 pesos, mientras que por Derechos de Comercio debe 39.764,45 pesos.
-Alquimaq SRL adeuda Derechos de Construcción por la construcción de 500 viviendas por 3.071.194 pesos
-Vimeco SA adeuda Derechos de Construcción por la construcción de 56 viviendas por 348.049 pesos.
Por su parte, Ponce señaló que las empresas nunca presentan planos de infraestructura eléctrica, no cumple con los espacios verdes exigidos y, peor aún, no hace las subdivisiones de los terrenos que adjudica a cada personas. “El vecino, después cuando quiera hacer una ampliación, no va a tener el plano, por lo tanto va a tener que pagar el derecho a construcción o relevamiento de esa superficie de la que el Gobierno no se hizo cargo”, señaló la directora, en relación a las complicaciones que esto podría traerle a los vecinos.
