Lo dijo el Fiscal de Estado, quien espera hoy que la Corte Suprema defina una importante cuestión sobre la multimillonaria deuda. 
El fiscal de Estado, Eduardo Allende, confirmó que se presentó ayer el 9º pronto despacho en la Corte Suprema para que se expida respecto a la tasa de interés que se debe usar para determinar el monto que debe pagar Nación a la Provincia por la retención ilegal de fondos coparticipables. El funcionario sostiene que esperará hoy en Buenos Aires la respuesta de la Corte en la causa que tiene sentencia hace dos años.
El nuevo pronto despacho interpuesto solicita a la Corte que hoy mismo fije la tasa de interés para que no haya dudas del monto total de la deuda que debe pagar el Gobierno nacional. Vale aclarar que los martes, la Corte se reúne para emitir sentencias.
El Ejecutivo provincial tiene 16 juicios que la Provincia por descuentos ilegales sobre la coparticipación federal por parte de Nación. Hay dos causas con sentencia desde fines de 2015 en las que el Estado nacional le reconoció a San Luis el reclamo por descuentos incorrectos dispuestos durante varios años.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación no fijó la tasa de interés para calcular la deuda cuando dicto sentencia, lo que generó que las partes consideren que se deben aplicar distintos tipos de tasa. Al aplicar distintos tipos de tasa, el monto total a pagar es muy diferente.
El Gobierno provincial aplica la tasa activa del Banco Nación, la que se usa en todos los tribunales del país. Usando esa tasa, la deuda sería de los $19 mil millones por los dos juicios que tienen sentencia, pero si se aplicara la tasa que pretende el Gobierno nacional, lo adeudado sería de $16 mil millones, según explicó Allende.
“El Gobierno nacional estuvo de acuerdo con los montos históricos calculados, pero no estuvo de acuerdo en la tasa de interés que debía aplicarse; hace dos años, desde marzo de 2016, que esperamos que la Corte defina cuál es esa tasa”, alertó el funcionario.
“Cuando el año pasado la Corte nos pidió que dialogáramos en busca de un nuevo acuerdo, ni el presidente (Mauricio) Macri ni tres de los ministros respondieron a los pedidos de audiencia presentados por escrito por el gobernador Alberto Rodríguez Saá para retomar el diálogo. Ninguna de esas notas fue respondida”, recordó el fiscal de Estado.
Una vez que pasaron los 30 días, pedidos por la Corte, para que las partes acordaran el monto a pagar, el Gobierno interpuso el primer pronto despacho para que el máximo tribunal del país definiera la tasa de interés que se debe aplicar.
Ante la falta de respuesta de la Corte, cada 10 o 15 días se presentaron sucesivos pronto despacho, según comentó Allende.
“Estamos pidiendo que la Corte defina esta situación porque se está configurando una situación de denegación de justicia. Una justicia que se demora dos años para definir una tasa de interés no es justicia. Los juicios fueron iniciados en 2008, hace 10 años que venimos reclamando lo que es nuestro”, expresó el fiscal de Estado.
“Tengo la esperanza de que definitivamente se pueda resolver el tema”, dijo Allende.
