[dropcap style=”circle”]L[/dropcap]a Legislatura fue el escenario este miércoles del enojo, desilusión y violencia de beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Todo se desató por el rechazo, por una diferencia de tres votos, de la modificación del presupuesto 2023 que iba a permitir la contratación de beneficiarios del Plan. Tanto los diputados y los empleados de la Legislatura estuvieron más de siete horas retenidos en contra de su voluntad porque grupos de beneficiarios (cada vez más pequeños con el correr de las horas) bloquearon los accesos al edificio. El conflicto se destrabó tras una reunión del vicegobernador Eduardo Mones Ruiz, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, con unas beneficiarias.
Un par de horas antes de la sesión, cientos de beneficiarios de San Luis, Villa Mercedes y Quines se concentraron frente a la Legislatura para que se apruebe la modificación presupuestaria para los contratos que les prometieron funcionarios del Gobierno antes de las elecciones de junio.
Antes de la sesión se dudaba que se pudiera sesionar, ya que el oficialismo perdió el quórum propio, porque cuatro diputados conformaron su propio bloque. Sin embargo hubo quórum porque entrabaron a sesionar 41 legisladores.
Comenzada la sesión, la oficialista Gloria Petrino pidió el tratamiento sobre tablas de la modificación del artículo 11 del presupuesto 2023. Una vez que se aprobó, la presidenta del bloque oficialista, reiteró la propuesta de modificar la reforma del artículo 11 que aprobó el Senado la semana pasada. “El Poder Ejecutivo Provincial podrá aumentar el número total de cargos solamente para designaciones de aquellas personas beneficiarias del Plan de Inclusión Social. El aumento sólo podrá realizarse cuando se cuente con los recursos presupuestarios correspondientes”, dice la reforma que impulsó el oficialismo.
Si esta modificación se hubiera aprobado, cosa que no sucedió, ya estaba todo planeado para que este jueves se hiciera una sesión especial del Senado, donde el oficialismo tiene mayoría.
Por su parte, el presidente del bloque poggista, Gastón Hissa, criticó la nueva iniciativa oficialista. “Quieren convalidar un accionar fraudulento, un accionar ilícito, un accionar que va en contra de todas las leyes y normativas vigentes de la Constitución de la Provincia respecto de hacer suscribir algún tipo de acto administrativo, en este caso un contrato, sin tener un respaldo para poder hacer frente a esa obligación que debería tener el Estado. Esta conducta perversa que tiene el Gobierno de la Provincia para encubrir, créanme, a cuatro o cinco atorrantes que quisieron firmar los contratos de manera totalmente ilegal y ahora lo que pretenden es que la Cámara de Diputados convalide actos ilegales que están denunciados en la Justicia penal de la provincia de San Luis”, disparó Hissa, quien adelantó que el bloque opositor no iba a votar de manera positiva la modificación.
El legislador e intendente electo propuso una moción para cerrar el debate y que se votara la modificación del artículo 11. Por 22 votos negativos contra 19 positivos se rechazó modificar el presupuesto 2023. Los votos negativos fueron de los bloques opositores, más los cuatro votos de los ex oficialistas Adrián Agüero, Alberto Leyes, Verónica Garro y Francisco Irusta que ayer conformaron el bloque llamado Fuerza Independiente.
Cada diputado votó de la siguiente manera:
Votos en contra: Adrián Agüero, Ariel Barroso, Mónica Becerra, Berta Arenas,, Verónica Causi, Claudia Dassa, María Eugenia Gallardo, Verónica Garro, Ricardo Giménez, Gastón Hissa, Francisco Irusta, Alberto Leyes, Luis Lucero Guillet, Gabriela Mancilla, Mario Raúl Merlo, Marisa Patafio, Luciana Perano, Carlos Pereira, Víctor Manuel Sosa, Federico Trombotto, Nancy Albornoz, Ingrid Blumencweig.
Votaron a favor: Federico Berardo, Sonia Delarco, Juan Carlos Eduardo, María del Carmen Gosteli, Sofía Larraudé, Anabela Lucero, Gustavo Morales, Carlos Muñoz, Gustavo Moralez, Beatriz Ochoa, Teresa Páez, Marcelo Páez Logioia, José Pedernera, Gloria Petrino, Claudia Pinelli, María del Carmen Portela, Silvia Sosa Araujo y Fernanda Spinuzza.
En determinado momento de la tarde, dos empleadas del Senado, pegaron afiches en la puerta principal de la Legislatura que mostraban las caras, nombres y apellidos de los diputados que votaron en contra de la modificación presupuestaria.
Furia en la Legislatura
Minutos después que se conoció el resultado de la votación estalló la furia de los beneficiarios. Bloquearon los 3 accesos a la Legislatura. El principal y los laterales. En el acceso principal tiraron abajo la pesada reja empujándola entre varios. En los laterales prendieron fuego cubiertas. Incluso tiraron piedras que rompieron vidrios del edificio, mientas otras cayeron sobre los techos de chapa del estacionamiento.
A pocos metros de la puerta principal también prendieron fuego cubiertas y maderas muy cerca de las puertas de vidrio. El humo dentro del hall de entrada hizo muy difícil respirar e incluso llegó al primer piso. Ante tal panorama, los legisladores no pudieron abandonar el edificio ni tampoco los trabajadores legislativos.
En los distintos accesos se escuchaban insultos hacia los diputados y puntualmente hacia Hissa por ser la cara visible de la oposición en este tema. En diversos momentos de la tarde, tanto en la puerta principal, como en una entrada lateral, hubo beneficiarios que gritaron: “De acá no sale nadie”.
Pasaron un par de horas hasta que el vicegobernador Eduardo Mones Ruiz y la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, salieron a la puerta frontal para hablar con los beneficiarios. Intentaron hablar con ellos para desactivar la protesta, pero no lo lograron. Cuando terminaron de intentar razonar con los manifestantes, reingresaron al edificio. En ese momento, un grupo de beneficiarios intentó ingresar por la fuerza, pero los policías lo impidieron. Hubo forcejeos e insultos.
Hay que aclarar que, en todo momento, Mones Ruiz destacó que no se iba a reprimir.
Una perla de la tarde fue la beneficiaria que se robó una planta de la Legislatura. Puso la maceta de gran tamaño en su mochila y anduvo cargándola durante dos o tres horas.
Hacia las 17, llegó a la Legislatura un oficio judicial del fiscal de turno diciendo que se debía notificar a los manifestantes que debían desalojar la zona y los instaba al diálogo. El oficio surgió ante una presentación judicial en nombre de diputados opositores. Los legisladores consideraron que estaban retenidos en la Legislatura en contra de su voluntad e hicieron responsable al Gobernador en diversos posteos en redes sociales.
Con el pasar de las horas, la cantidad de beneficiarios cerca de la Legislatura iba disminuyendo, mientras que aumentaba la cantidad de efectivos policiales. Llegaron uniformados del grupo especial COAR y más de 10 policías equipados con cascos, escudos y bastones.
Otro momento de tensión fue cuando de repente, unas mujeres empezaron a patear la puerta principal y la abrieron. Inmediatamente, los policías les impidieron el ingreso. El jefe de Policía, Hernán Soloa, volvió a salir a dialogar con los beneficiarios. Minutos después, antes de las 18, entraron tres beneficiarias para hablar con Sosa Araujo y Mones Ruiz.
Estuvieron reunidos por más de una hora, y hacia las 19.20, las tres beneficiarias salieron a la puerta de la Legislatura para comunicar al reducido grupo de compañeros que había el resultado de la reunión.
“Quedaron conformes porque la gente necesitaba una explicación formal de cómo es el funcionamiento y que no tenía sentido que estén acá. Lo entendieron y todos quedamos a disposición, pero también entendieron que la ley este año no se va a tratar, teniendo en cuenta que aquellos proyectos que son rechazados, el mismo tema no se puede tratar durante este año. El vicegobernador de la provincia los convocó a la semana que viene porque se había comunicado en forma personal con el gobernador de la provincia a los efectos de encontrar una solución al tema”, explicó la diputada.
Según pudo averiguar La Gaceta, Mones Ruiz hablo de una “solución superadora”, pero no se dieron se dieron a conocer los detalles.
Cerca de las 19.30, tanto los empleados legislativos como los diputados se pudieron retirar a sus hogares.
