Crisis en Inclusión Social: el Gobierno no dará marcha atrás con el cese de los convenios

Esta medida se tomó luego de que una evaluación interna arrojó que unas 4 mil personas del Plan trabajaban en los diferentes órganos del Gobierno. Basándose en evaluaciones e informes de ministros y jefes de área, se decidió que el 50% de estas personas conservará sus puestos, cobrando un plus de $1.900, a la vez que inician un proceso de tres etapas para convertirse en personal contratado por el Estado.

La primera etapa es un curso de capacitación en administración pública, de adhesión voluntaria, de dos meses. Una vez finalizada esa etapa, con un informe de desempeño y un 90% de asistencia, pasarán a una segunda parte de nueve meses de práctica laboral rentada. Y terminada esta etapa, pasarán a un contrato, siempre y cuando hayan cumplimentado los requisitos que se les solicite oportunamente.

“Todas las personas que no fueron seleccionados en los ministerios tienen que inscribirse en los cursos de capacitación, para luego pasar a la etapa de inserción laboral a través de los convenios que tenemos con distintas empresas”, comentó la ministra de Desarrollo Social, asegurando que “los 1.900 no los va a perder nadie”.

Y si bien el Gobierno les promete conseguirles un trabajo mejor, ayer el enojo fue enorme entre un gran número de trabajadores que ayer se manifestó en las oficinas del Plan de Inclusión Social, ubicadas en la ex Colonia Hogar, ya que volverán a cobrar tan solo $1.900. Aquellos que por convenio cobraban unos $4.500 extra, como por ejemplo los que trabajaban en el Ente de Control de Rutas, gracias a esta medida perderán el 70% de sus ingresos.

Por su parte, muchos de los beneficiarios presentes denunciaron acomodos en relación a las 2 mil personas que sí conservaron sus puestos de trabajo.

En cuanto a las capacitaciones que deberán realizar las 2 mil personas desafectadas de la Administración Pública, García Peanú explicó que serán a través de convenios con “sindicatos que tienen cursos armados completos de hasta 6 meses”. “La idea de los convenios es justamente comprometer a todos los sectores es que ha medida que vayan capacitando vayan absorbiendo al personal”, dijo la titular de Desarrollo Social, señalando que además se armarán “perfiles” para presentar en muchas empresas que están buscando trabajadores.

Mientras duren estos cursos, los beneficiarios no tendrán que desempeñar trabajo alguno, sino que deberán ocupar sus horas de trabajo con “por lo menos dos cursos” que abarquen el total de tiempo que trabajaban por mes.

“Yo tengo la orden directa del Gobernador de que un 50% tiene que tener un trabajo mejor este año, y el otro 50% el siguiente año. Mientras tanto todo el mundo va a cobrar el plan”, le reiteró la ministra a los manifestantes, sin lograr calmarlos. “El Gobernador quisiera darle a los dos mil un contrato, pero financieramente no se puede”, añadió García Peanú sin lograr el efecto deseado.

La ministra también argumentó que había oficinas de la Administración Pública “que estaban en un 100% trabajadas por beneficiarios del Plan de Inclusión Social”. Y si bien esta gente cobraba por convenio una cifra extra, no percibían aportes jubilatorios ni obra social para su familia. Además, como ya destacamos, los montos extra que se percibían a través de estos convenios variaban enormemente de un área a otra, yendo desde los $2.000 a los $4.500. “Es un plan social donde no pueden estar haciendo tareas administrativo-laborales”, dijo la ministra, comentando que se “había desvirtuado el plan”.

“Esto viene pasando desde hace 5 años. ¿Recién se dan cuenta?”, le contestó uno de los enojados manifestantes, mientras que otros le preguntaban a la ministra, “¿usted puede vivir con $1.900 por mes?”.

Una vieja denuncia de la oposición
La situación que ayer describió García Peanú ha sido a lo largo de los últimos el objeto de un sinfín de denuncias y proyectos por parte de la oposición, y también del Sindicato de Empleados Públicos (SIEP), el cual trazó una trayectoria de cómo el Plan de Inclusión Social pasó de “una de ayuda social a explotación laboral”.

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