La polémica se refiere a la cesión de parte de una calle del Parque Industrial una fábrica. Ediles de Compromiso Federal y del Frente Progresista dieron su visión sobre el tema. 
La última sesión del Concejo Deliberante fue polémica tras el tratamiento de un proyecto de ordenanza para ceder por 10 años el uso de una calle del Parque Industrial a una fábrica. Finalizada la sesión, continúa la polémica, ya que para ediles del Frente Progresista la ordenanza no se aprobó y para los de Compromiso Federal, sí.
“Se ha hecho una ordenanza para una empresa. Esto es inconstitucional porque las leyes son abstractas, no pueden ser para una persona”, expresó Guiñazú.
El edil sostiene que para ceder el uso de la calle a la fábrica Alta tensión se necesitaban dos tercios de los votos, como establece la Constitución Provincial, pero se obtuvieron 9, en vez de los 10 que se necesitaban. Por lo tanto, la ordenanza fue rechazada.
El artículo 258 de la Constitución Provincial en el inciso 11 establece que para la disposición de bienes municipales se debe contar con los dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante.
Pero para el concejal Compromiso Federal, Marcelo Amitrano, no eran necesarios los dos tercios de los votos. “Nosotros interpretamos que el bien supremo a proteger es el trabajo de los puntano. Segundo, no le estamos transfiriendo la propiedad del espacio público, es por un tiempo limitado y condiciones. Es un parque industrial cerrado, no es lo mismo que la fábrica estuviera afuera de la ciudad. No necesitamos mayoría para trasladar precariamente el uso del bien público”, argumentó el edil.
Para defender su postura, el concejal puso como ejemplo el Paseo del Padre porque para la instalación de los puestos de artesanos están ubicados es espacio público y no se pidieron en el Concejo deliberante los dos tercios de los votos como tampoco para que los dueños de los bares coloquen sillas y mesas y la peatonal.
“Es lógico porque no estás trasladando la propiedad. Distinto es que el señor del bar quiera comprar la peatonal”, argumentó Amitrano.
Por su parte, Guiñazú espera que el intendente Enrique Ponce no promulgue la ordenanza pero si llegara a hacerlo, “vamos a evaluar la posibilidad de iniciar una acción judicial para declarar inválida o nula esta norma”.
