Según contó Sergnese, esto salió a la luz cuando el abogado del Concejo Deliberante, Ernesto Alí, se preparaba para contestar la demanda por conflicto de poderes que la Municipalidad le interpuso al Legislativo hace unas semanas.
“La firma que está atribuida al intendente Enrique Ponce no cumple con el trazo que el normalmente realiza”, dijo el concejal. A raíz de esto, se convocó al perito calígrafo Cristian Levingston, quien “analizó y determinó que la firma inserta en el decreto 1011 del año 2013 es falsa y que no corresponde a la firma de Enrique Ariel Ponce, el intendente de San Luis”.
“Esta situación es altamente irregular, porque de alguna manera alguien le estaría haciendo la firma al señor intendente, alguien también estaría remitiendo estos decretos al Concejo Deliberante y alguien también estaría introduciéndolos en un expediente judicial que tramita ante el Superior Tribunal de la Provincia. Creemos de extrema gravedad que alguien falsifique la firma del Poder Ejecutivo municipio”, opinó Sergnese, quien añadió que la cuestión ya pasó a la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante.
El concejal también manifestó que, de comprobarse que esta firma es falsa, “no existiría veto, por lo cual la ordenanza estaría vigente y con lo cual no habría conflicto de poderes”.
Judicialmente, explicó el abogado Ernesto Alí, se le ha solicitado al Superior Tribunal de Justicia que haga “la correspondiente vista al fiscal en turno si amerita la comisión de un delito, más allá de las tareas parlamentarias que va a seguir desarrollando el Concejo Deliberante”. Estas tareas, adelantó Sergnese, incluirán pedidos de informes para que el Ejecutivo municipal explique “quién firma, cómo firma, cómo se resguardan y cómo se controlan estos instrumentos públicos o actos administrativos”.
Por su parte, Alí también se refirió a la demanda en sí misma que realizó la Municipalidad, asegurando que “uno cuando plantea el conflicto de poderes, tiene que decir que hay un órgano del Estado que obstruye o desconoce la autoridad del intendente municipal”. Respecto a esto, el letrado asegura “la ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante ni desconoce, ni le obstruye ni le impide al intendente gobernar”.
Además, Alí disparó que la demanda municipal no solo tiene “dolencias formales”, sino también “dolencias de plagio”. “No se descubrió a raíz de una gran investigación, sino a través de poner en el Google ‘conflicto de poderes’, y el segundo trabajo que sale es ese. Lo han copiado, lo han pegado sin referenciar a la doctora Mc Cormack. Incluso las citas bibliográficas están a la mitad de la página, ni siquiera se tomaron el trabajo de acomodarlo en el Word. La situación de plagio, entre los colegas, es un hecho antiético y muy grave que se puede dejar pasar”, concluyó el abogado.
El informe de Levingston
