“Estamos empujando a que este tipo de actividades se desarrollen en otros lados. Y la violencia que se ejerce intramuros es terrible”, opinó Francisco Guiñazú, el único que votó en contra.
Ayer, por 11 votos a favor y uno en contra, perteneciente al concejal Francisco Guiñazú, el Concejo Deliberante aprobó la adhesión a la ley provincial de cierre de prostíbulos. El tratamiento fue igual que en la Cámara de Diputados, sin reuniones de comisión y a las apuradas.
“La finalidad de la norma es esa, prohibir y evitar la trata de personas que es el espíritu mismo de la norma. Sino se adhería el municipio, se daba una contradicción en la legislación, teniendo una ley provincial que prohibía y una ordenanza municipal, que era la 2821, que permitía la habilitación de este tipo de actividades”, comentó Carlos Rosso, del bloque Compromiso Federal. “Lo importante es dar un paso para esto y tener en cuenta el contexto donde se ha dictado esta normativa, en donde todas las provincias han prohibido este tipo de actividad”, agregó.
“Entiendo que esta es una iniciativa que requiere un debate mucho más amplio. Creo que debió tener un dictamen de comisión”, fue lo primero que, por su parte, dijo Guiñazú, el único en votar en contra de la adhesión. “Acá hay dos caminos. El que se siguió aquí que es prohibir prácticamente todo, clubes, boites, locales, cabarets, whiskerías. La otra opción era ejercer un control adecuado de cada una de estas actividades. Se siguió el camino prohibitivo. Esta es la solución, o estamos empujando a que este tipo de actividades se desarrollen en otros lados. Y la violencia que se ejerce intramuros es terrible y este proyecto está llevando a que este tipo de actividades se desarrollen de ese modo. ¿Quién va a controlar allí? ¿Quién va a controlar el SIDA?”, argumentó el concejal radical, en consonancia con sus copartidarios diputados, quienes hicieron críticas similares.
“Además, hemos cambiando la autoridad de aplicación. Ahora es la Policía de la Provincia, así que, ¿a dónde quedó la autonomía municipal? Era necesario que existiera un análisis pormenorizado, serio, responsable, reflexivo. No estamos hablando de una cuestión menor. Esto requería que fuera a comisión y a partir de allí sacar la mejor ordenanza que realmente pueda combatir este enorme flagelo que es la trata de personas”, concluyó el concejal, planteado un interesante punto que el Gobierno provincial ha preferido esquivar cuando se ha debatido este tema.
