Fue en relación a su participación en la protesta policial del año pasado.
En una medida que seguramente generará polémica y malestar entre la familia policial, desde el Ministerio de Seguridad anunciaron que, a partir de la rúbrica del decreto N° 2314-MS-2014, se les aplicó la sanción de baja por cesantía a dos efectivos de la Policía de San Luis; mientras que a otros dos agentes fueron suspendidos por treinta días en relación a su participación en el conflicto policial ocurrido en el mes de agosto del año pasado.
Cabe recordar que, con la protesta del año pasado, los policías de San Luis lograron un aumento del 9%, gracias a una reducción que el Gobierno Nacional haría de los descuentos por aportes previsionales. Sin embargo, el convenio no ha sido ratificado por la Presidenta de la Nación, por lo que el Gobierno lo viene cubriendo de su propio bolsillo. De igual manera, esto no cambia que la Policía de San Luis, especialmente luego de los acuerdos logrados en diversos puntos del país durante los paros de diciembre, es la peor paga de la Argentina.
“Luego del sumario administrativo iniciado por la Policía de la Provincia a efectivos de la fuerza que habían incumplido con el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, y de las debidas actuaciones llevadas a cabo, se tomó la medida”, informaron desde el Ministerio.
Por su parte, también se informó que continúa el proceso de sumario a 14 efectivos que tuvieron participación en aquel momento, y que estas acciones y medidas tomadas se suman a las bajas efectuadas en septiembre del año 2013. Por aquel entonces, se les rescindió el contrato a 18 auxiliares de policía que habían formado parte del conflicto y de la toma de la Jefatura Central en la ciudad de San Luis.
Además, se encuentran en trámite las causas presentadas ante la Justicia provincial, que deberá determinar la responsabilidad de quienes participaron en los hechos ocurridos en agosto del año 2013 en el interior provincial y en la toma de la Jefatura Central.
Estas causas continúan su curso a partir del requerimiento de medidas probatorias, como pueden ser las pruebas informativas o las declaraciones testimoniales.
