[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]ugenia Catalfamo habló con La Gaceta sobre la intervención por seis meses en la Universidad de La Punta (ULP) en la que se la removió del cargo de rectora mediante un decreto, medida que se implementó a los pocos minutos de la asunción de Claudio Poggi. La ex legisladora considera que el decreto es inconstitucional y adelantó, que en caso de agotarse la vía administrativa, continuará su reclamo en la Justicia provincial.
La ex senadora nacional mencionó en primer lugar que la supuesta irregularidad en la intervención de la ULP mediante el despliegue del grupo especial de la Policía, el COAR. Luego mencionó que durante varios días, la Policía controló los ingresos a la institución. Ante ese panorama, Catalfamo contó que se radicó una denuncia por abuso de autoridad ante la “utilización de las fuerzas armadas de la Policía de la Provincia en una casa de estudios, en una institución educativa pública”.
“Esa denuncia hoy está todavía a cargo del fiscal. Entiendo que se han solicitado informes a la ministra de Seguridad y al ministro de Educación, que hasta el momento, y por lo que he podido ver en el expediente en trámite, no han sido respondidos. Lo cual implica, de alguna manera, una obstrucción de la justicia, porque no están haciendo parte de la denuncia que hicimos con el licenciado Amitrano”, reveló Catalfamo.
Hace casi dos semanas se interpuso un amparo judicial que el juez de Garantías, Juan Manuel Montiveros Chada, resolvió rechazar en tiempo récord. El juez resolvió al día siguiente que se pidió la medida. Catalfamo contó que el argumento para el rechazo fue que se debía agotar primero la vía administrativa ante el Ejecutivo. Por lo tanto no se apeló.
Se presentó un recurso de revocatoria del decreto Nº 28-ME-2023, que es el de la intervención de la ULP, y que deja sin efecto el nombramiento de Catalfamo. La ex legisladora argumenta que el decreto le anuló un derecho adquirido porque su nombramiento fue aprobado mediante ley por el voto mayoritario del Senado provincial por propuesta del Ejecutivo, tal como establece la ley provincial de la ULP.
El otro argumento que esgrimió es que en el decreto no intervino la Fiscalía de Estado. Hasta ese momento, el fiscal que estaba, Roald Cattáneo, no había renunciado, entonces deberían haber hecho intervenir a Fiscalía de Estado. Ya desde ese punto e incluso por los disparates legales que argumentan en el decreto, es inconstitucional, es nulo porque no pasa por las firmas suficientes”, explicó Catalfamo.
El recurso de revocatoria fue presentado el 15 de diciembre tanto en la mesa de entrada de Gobernación como del Ministerio de Educación, ya que el decreto lleva la firma Claudio Poggi y Guillermo Araujo. “El abogado que lleva adelante este recurso de revocatoria está preguntando todos los días a ver si hay alguna resolución sobre este tema. Por supuesto que no. Dicen que lo siguen analizando”, contó la ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá.
El plazo de 10 días para que se expidan sobre el recurso de revocatoria vence el 3 de enero. En caso de no tener respuesta, Catalfamo adelantó que considerará denegación tácita. En caso de que suceda esto último o se rechace el recurso interpuesto, empezará el plateo en la Justicia provincial ante el agotamiento de la vía administrativa.
