[dropcap style=”circle”]L[/dropcap]a Justicia puntana dispuso la libertad bajo de dos de los acusados por el asesinato de Romina Aguilar, Cristian “Boconeta” Vilchez y Edivaldo Pereira Oliverira, quien fueron condenados a 22 años de prisión por el crimen al ser condenados coatures materiales. Sin embargo, el Superior Tribunal anuló la sentencia en octubre del año pasado.
En diciembre de 2021, Oliveira-un hockey de nacionalidad brasilera-, y Vilchez–amigo del brasileño-, habían recibido el beneficio de la excarcelación bajo caución real de $1.500.000 para Oliveira y de $ 1 millón para Vílchez.
Dicho beneficio fue solicitado por sus defensas luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara en octubre del año pasado la sentencia que los condenó a 22 años de prisión por el homicidio de Romina Aguilar. La Corte provincial además ordenó que se constituya un nuevo tribunal, se celebre otro juicio y que el expediente vuelva al Juzgado de Instrucción original.
Ante la imposibilidad de los acusados de cumplir con el monto establecido en concepto de fianza real, y transcurridos tres meses desde el otorgamiento de la excarcelación, los abogados defensores solicitaron en una audiencia celebrada el 14 de marzo que se sustituya esa imposición por una fianza personal y se auto-propusieron como fiadores.
Tanto Vilchez como Pereira Oliveira deberán fijar domicilio en la ciudad de San Luis, no podrán ausentarse más de tres días de la provincia, pero deberán pedir autorización para viajar. Además, tienen prohibida la salida del país. Tampoco se les permite el consumo de bebidas alcohólicas ni estupefacientes.
Ante el incumplimiento de lo mencionado anteriormente, les será revocada la libertad condicional.
El tribunal fundamentó su decisión en que se trata de profesionales de largos años de ejercicio de la abogacía “contando con un estudio jurídico conocido, por lo que entendemos que su persona tiene el suficiente respaldo para afianzar con solvencia el rol aludido que abreva en los fines que persigue la figura de la caución -por ello la particular exigencia que hemos tenido en cuanto a la persona del fiador”.
Ambos fueron condenados el 17 de julio de 2020 a la pena de 22 años de prisión, mientras que Diego Lorenzetti, esposo de Aguilar, fue absuelto por el beneficio de la duda. En octubre de 2021, el Superior Tribunal declaró la nulidad de la sentencia de Lorenzetti, quien fue alegido nuevamente intendente de La Calera en las elecciones de noviembre 2021.
Tanto Lorenzetti, Vilchez y Oliveira deberán ser juzgados nuevamente por el crimen de Aguilar.
Vílchez y De Oliveira, que ya llevaban en prisión más de seis años, pasaron de condenados a procesados. La ley 24390, que hace referencia a los plazos de prisión preventiva, establece un tiempo máximo para la duración de una detención cautelar durante todo el proceso de dos años, -prorrogable a un año y seis meses-, de privación de libertad y por encima del cual todo encierro deviene irrazonable.
En los fundamentos de la excarcelación, las magistradas coincidieron que “se han sobrepasado los límites de encierro preventivo que imponen la ley, por lo cual debe decretarse su libertad, sin perjuicio de la fianza real a disponer inter el proceso respectivo continúe”.
