[dropcap style=”circle”]L[/dropcap]a Dirección del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción suspendió las audiencias previstas en la causa que investiga el homicidio en ocasión de robo del agente de policía Diego Gatica. Se trata de la audiencia de preparación de juicio que había sido fijada para este lunes como así también la del inicio del debate oral programada para el viernes 3 de noviembre a las 9 horas. La decisión respondió a una presentación que realizó el abogado Rafael Berruezo, en representación de la particular damnificada, es decir, de Carina Ledesma, madre de la víctima.
En su escrito, el letrado solicitó que se provea una serie de medidas de pruebas a las que definió como “imprescindibles” para su teoría del caso ya que le permitirá demostrar “que los imputados sabían, al momento del hecho, que Diego Gatica era policía de la provincia de San Luis”.
“Este conocimiento haría variar ostensiblemente la calificación legal atribuida a los imputados”, añadió Berruezo. Los acusados que llegan a debate oral son: Alexis Cuello Morán, Maycol Bustos y Lautaro Cruz, a quienes se les imputa el delito de homicidio en ocasión de robo y enfrentan pedidos de condena que van de los 25 a los 5 años de prisión.
La solicitud del abogado incluye la declaración de testigos, la remisión de material filmográfico de las videocámaras ubicadas sobre Avenida Eva Perón N° 3300, el libramiento de oficio al Centro de Monitoreo de Patentes, el peritaje al teléfono celular Motorola perteneciente a Diego Gatica, con el material fotográfico o video de interés para la causa que surjan entre 2020 hasta 5 de septiembre de 2022; como así también la reconstrucción del hecho.
Berruezo también requirió, entre otras medidas, que se libre oficio al Ministerio de Seguridad y Jefatura Central de Policía a fines de que remitan Actas IP (horas extras) y guardias de la Policía realizadas por la víctima desde el 2020 hasta septiembre del 2022, con especial referencia a las guardias del 16 al 18 de agosto de 2022 realizadas en la casilla de policía de EDESAL, ubicada frente a estación EDIRO y las realizadas en el hospital materno en el transcurso del 2022.
“Dada la importancia de la prueba y de un ostensible cambio de calificación, entendemos que, para evitar planteos defensivos, estas medidas se deben llevar a cabo por el Fiscal de Instrucción, a fin de que las defensas puedan controlar las mismas en resguardo al derecho de defensa”, expresó el abogado.
Berruezo concluye su escrito, presentado ayer por sistema, con el pedido de suspensión de la audiencia prevista para este lunes como así también la suspensión del inicio del debate oral, con habilitación de día y hora.
Por ello, la Dirección del Colegio de Jueces remitió la presentación del particular damnificado a Fiscalía de Juicio N° 1 “a efectos de que se le dé el trámite que estime corresponder”, y suspendió las audiencias fijadas para esta semana.
El homicidio
El hecho que se investiga ocurrió el 5 de septiembre de 2022, alrededor de las 19:30 horas. Ese día, Gatica circulaba en su bicicleta por la avenida Eva Perón a la altura del barrio Tibiletti, cuando fue sorprendido por un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban menores de edad, quienes lo interceptaron, le pegaron en la cabeza con una piedra, lo tiraron al piso y le sustrajeron una bicicleta blanca marca Venzo y sus zapatillas.
En la audiencia de control de acusación, la fiscalía narró que las personas que estaban en ese grupo eran T.L., M.A. y M.B. (los tres menores de edad), junto a Alexis Morán, Maycol Bustos y Lautaro Cruz.
“Tenemos por probado que M.B. tenía una bicicleta que quería vender. T.L. lo pone en contacto con Cruz, por lo que coordinan juntarse a las 18 horas del 5 de septiembre en la salida trasera del supermercado que ahora se llama Chango Más. M.B. llega al lugar acompañado de su primo. También estaban los adolescentes T.L. y Cuello Morán. Todo el grupo, según se constata en las cámaras de seguridad del lugar, se va caminando hasta el Puente Virgen de Luján”, dijo la fiscal María del Valle Durán.
La funcionaria sostuvo que allí comienzan a planear robos a los ciclistas que pasaban por el lugar. “Cuando advierten que viene un ciclista, en este caso era Diego Gatica, uno de los jóvenes, Lautaro Cruz, toma la bicicleta que habían llevado y hace un ademán de tirársela a la víctima con el objetivo de desestabilizar su circulación. Luego, T.L. lanza una patada que Gatica logra esquivar y es finalmente M.A. quien le arroja una piedra a la cabeza de Gatica. Este impacto fractura su cráneo y cae inconsciente al asfalto”.
De acuerdo al relato de la fiscal, Cruz abandona el lugar, dos de los menores roban la bicicleta y las zapatillas y se van al Barrio Tibilleti, donde esconden el rodado en la iglesia del barrio. M.B. y Morán los ayudan y luego corren a esconderse a sus domicilios.
“Uno de los imputados, Ortiz, vecino del barrio Tibilletti, observa la situación y toma la bicicleta escondida en la iglesia con el objetivo de venderla. Pasa por la casa de Enzo Colombo y se la vende a $5000. Cuando llega la policía a esa vivienda se encontraba Esteban Colombo, quien al verlos se da a la fuga, desobedeciendo la voz de alto”, sostuvo la fiscal.
Seis días después, a causa de una falla multiorgánica, Gatica fallece en el Hospital Ramón Carrillo. Tenía 30 años y prestaba servicio en la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM). El día del ataque estaba de franco.
Por todo esto, para el primer imputado, Lautaro Mauricio Cruz, la fiscal solicitó 25 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la participación de menores. Con respecto a Maycol Lautaro Bustos y Alexis Uriel Cuello, la fiscalía los acusó de partícipes secundarios del delito de homicidio en ocasión de robo y pidió 5 años de prisión para el primero y 8 años para el segundo.
A los otros tres jóvenes implicados, Enzo y Esteban Colombo y Omar Ortiz, se les dictó la suspensión de juicio a prueba y no irán a debate oral, pero deben cumplir con tareas comunitarias, realizar un resarcimiento económico y cumplir reglas de conductas. Enfrentaban pedidos de pena que iban de los 2 años a los 10 meses por desobediencia a la autoridad, encubrimiento agravado y encubrimiento agravado con ánimo de lucro, delitos susceptibles de pena de ejecución en suspenso.
