Según consta en la denuncia y contó ayer a radio Dimensión, Luis, el 9 de enero, tuvo como pasajeros a cuatro personas, entre las que estaban Edivaldo “el Brasilero” Oliveira Pereira y “el bocón” Vílchez, los supuestos autores materiales del homicidio de Romina Aguilar. Durante el viaje, el auto le falló en más de una ocasión. “Calculo que eso le dio pié para ofrecerme la plata para cometer un ilícito, que yo nunca supe que es lo que era. El me ofreció 10.000 para hacer un trabajo, pero nunca me dijo lo que era. Quedó en contactarme de nuevo”, contó el taxista a radio Dimensión.
El 13 de enero, Luis se volvió a juntar con Vílchez, quien le vuelve a ofrecer $10.000 por un trabajo, pero sin darle detalles. Los pormenores llegaron recién el 17 de enero, durante un encuentro que se produjo en Falucho y Domínicos Puntanos, al que asistió también el Brasilero.
“Vamos a matar a una persona, vos lo único que tenés que hacer es transporte. Esperanos en la plazita del barrio Faecap o al costado de la ruta 147. El que pone la plata, si pasa algo malo, nos va a sacar”, cuenta Luis que le dijo el Brasilero. “‘La persona que nos va a sacar’, me dijeron a mi, ‘es Alberto Leyes, nos va a proteger en todo momento’. Si algo resultaba mal, lo único que teníamos que hacer nosotros es decir que fue el intendente de La Calera el que nos mandó, no me dijo el apellido ni nada”, agregó el taxista.
Cabe recordar que Alberto Leyes es uno de los principales rivales políticos de Diego Lorenzetti. Leyes, quien hoy en día es secretario legislativo de la Cámara de Senadores, fue intendente de La Calera y senador provincial. Alberto Leyes también se vio implicado en el escándalo de autodonación que protagonizó su hermana Mabel, también ex intendenta de La Calera, ya que uno de los terrenos fue para la fundación “La Puntana” que él supuestamente presidía. La cuestión es que esta fundación, como reveló un artículo de La Gaceta, no figura en la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Gobierno de San Luis, ni en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya sea a nivel provincial o nacional. Una de las primeras medidas de Lorenzetti como intendente fue dejar sin efecto las resoluciones por las cuales se realizaron las donaciones a los hermanos Leyes.
Volviendo al relato del taxista, este dijo que ofrecimiento ascendió a $30.000, terminando en amenazas cuando él se negó a participar del ilícito. “Al yo decir que no me amenazaron que iban a matar a mi familia y a mi si yo abría la boca”, contó Luis. “Desde que apareció muerta Romina siempre estuve con miedo”, agregó el taxista, comentando que realizó la denuncia porque teme por su vida y quiere solicitar protección policial.
Por su parte, Rafael Berruezo, uno de los abogados de Lorenzetti, aseguró que esta denuncia, que ya fue incorporada a la causa, “cambia totalmente la investigación”. Sin embargo, el letrado cree que Luis no será llamado a declarar próximamente por una serie de razones. “El juzgado por ahora no va a citarlo a declarar por la sencilla razón de que yo, al haber apelado el procesamiento de Lorenzetti el juzgado pierde la jurisdicción sobre el expediente, que se va a ir a la Cámara”, explicó el abogado.
Además, cabe destacar que la jueza Virginia Palacios se encuentra de licencia, por lo que difícilmente el juez subrogante llame al taxista a declarar, ya que en una causa de este estilo no se estila que un subrogante tome decisiones de este estilo, salvo que sean de extrema urgencia. Por todos estos motivos, podrían pasar meses hasta que Luis sea llamado a declarar.
