[dropcap style=”square”]E[/dropcap]ste miércoles por la mañana, beneficiarios del plan “Tu techo, tu tierra” se van a manifestar frente a Tribunales para exigir celeridad a la Justicia en la resolución de la acción de amparo que un grupo de alrededor 70 vecinos presentó en contra de la disolución que la gestión del intendente Sergio Tamayo hizo del programa habitacional.
En este contexto, La Gaceta dialogó con los abogados Esteban Badra y Agustina Tobares, quienes explicaron los puntos legales de la acción presentada por los inscriptos en el ya mencionado programa habitacional. “Se está pidiendo que se mantenga el programa y que se reestablezca. A criterio de este estudio jurídico y de los vecinos, estamos ante un acto regular, firme y que estaba causando efecto; y la Municipalidad, sin justificativo válido lo ha revocado, pero no por la vía que corresponde”.
En este sentido, Badra explicó que la vía correspondiente era una acción de lesividad, la cual establece que “cuando un acto administrativo regular estuviese cumpliendo efectos, puedo ser revocado solamente por una acción judicial que diga que el acto sería nulo”. El abogado señaló que la Municipalidad no utilizó una acción de lesividad para darle de baja a “Tu techo, tu tierra”, sino que lo hizo mediante un decreto, que es el mismo instrumento mediante el cual se creó el plan.
“Esto pone en una situación de inseguridad jurídica no solo a los vecinos de Granja La Amalia, sino a cualquier ciudadano, en donde no podemos contar con que un acto administrativo emanado por la Municipalidad va a ser respetado por la gestión que viene. Yo lo comparo con el absolutismo, como que cada estado empieza con el intendente que asume y eso de ninguna manera puede ser así en un sistema republicano. Ellos (por los beneficiarios) fueron adjudicados por la Municipalidad de San Luis, no por la gestión Ponce. Pagaron cuotas y siguieron pagando cuotas después que asumió la nueva administración”, manifestó Badra. “Imagínese que un ciudadano pague impuestos con una gestión y después venga otra gestión y le diga, ‘no, los impuestos que usted pagó no sirven’”, agregó el letrado.
Badra también destacó que la Municipalidad no regaló los lotes, sino que los vendió y que las cuotas tenían un régimen de actualización. “No era un asistencialismo”, marcó.
En cuanto a la titularidad de Granja La Amalia, el abogado sostuvo que la utilidad pública y la expropiación de las tierras es algo que ya se ha concretado. “Lo que se discute en la Justicia Federal es el precio del inmueble”, recordó Badra.
Sobre este último punto, cabe recordar que el intendente Tamayo manifestó, ante una pregunta de este medio, que La Amalia “no es del municipio”. “Lo más grave es que si La Amalia no fuera de ellos, ¿con qué criterio realizan este acto administrativo que los posee? La Municipalidad de San Luis dijo, ‘es mío y te lo doy’, y después dice, ‘no es mío y te lo quito como si fuera mío’. Es muy contradictorio. Han puesto barricadas y han prohibido la libertad de tránsito sobre un terreno que ellos dicen que no es de ellos. No se puede actuar como si fuera propio, después decir que no es propio cuando te conviene y después decir que es propio cuando te vuelve a convenir. Es una locura”, opinó Badra.
Otro punto que criticó Badra es que la Municipalidad ofrece devolver el dinero “a capital histórico, o sea sin aplicar ningún tipo de interés; “como si en el país no hubiese inflación o depreciación monteraria”.
El amparo presentado por Badra y Tobares pide que se deje sin efecto el decreto que da de baja a “Tu techo, tu tierra”, y que se dicte una medida de no innovar “a los efectos de que la Municipalidad ni ningún otro ente disponga de los fondos hasta que no se reconozca el derecho de los adjudicatarios”.
El juez Civil N° 1, Fernando Spagnuolo, falló a favor del municipio y sostuvo que el decreto que dio de baja al programa “es válido”, pero no explicó por qué es más válido que el decreto que creó “Tu techo, tu tierra”. A raíz de esto, los abogados recurrieron a la Cámara Civil, pero la misma ya lleva más de dos meses de mora en la resolución de la causa, lo que motiva la protesta de mañana.
