[dropcap style=”square”]H[/dropcap]oy, viernes 19 de octubre, comienza el tercer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en San Luis durante la última dictadura militar. Se realizarán dos audiencias por mes, por lo que se estima que concluiría a fines de año o comienzo del próximo.
Este juicio tendrá la particularidad de que el tribunal federal aceptó la incorporación de 49 testigos de manera audiovisual, lo que significa que, en vez de llamarlos a declarar, se incorporarán los registros fílmicos de los dos juicios anteriores. De manera física, se estima que alrededor de 10 testigos serán los que prestarán declaraciones.
Los acusados son Eduardo Allende (ex juez Federal) e Hipólito Saá (ex fiscal Federal). Ambos están acusados por ser partícipes necesarios en 23 casos de privación abusiva de la libertad, tormentos (21 casos), y por el delito de homicidio agravado en 6 casos. Por su parte, el ex teniente coronel Alberto Camps (foto) y el médico policial Jorge Caram están acusados de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos en 7 casos.
Cabe destacar que Allende es el padre del actual fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende (h), y que Camps era titular del Espacio Cultural Terrazas del Portezuelo cuando fue detenido allá por febrero de 2014. Previo a esto, Camps se había desempeñado como coordinador del Ministerio de Inclusión Social.
Allende y Saá fueron detenidos en 2012, mientras que con Camps y Caram se hizo lo mismo en 2014, pero todos recuperaron la libertad el año pasado ya que la causa no avanzaba.
Con respecto a Saá, su defensa planteó que el acusado “no está en condiciones psíquicas de afrontar el debate”, según comentó el fiscal de la causa, Cristian Rachid. “Entonces, su defensa planteó desvincularlo definitivamente de la causa o que se suspenda el juicio a su respecto y que no intervenga en el juicio. Nosotros nos opusimos porque entendemos que la situación de salud que está acreditada no amerita ninguna de esas dos soluciones y simplemente propusimos que se lo exima de estar presente durante las audiencias del juicio, salvo al principio y al final”, dijo el fiscal, remarcando que el tribunal tendrá un plazo de tres días para resolver esta cuestión.
