La misma fija varias obligaciones a la Municipalidad y, en particular, al Juzgado de Faltas.
El pasado viernes, el Concejo Deliberante, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad una ordenanza cuyo objetivo es “regular la descontaminación, desguace, compactación y subasta de automotores y moto vehículos abandonados en depósitos municipales y secuestrados que se encuentran en deposito municipal”. La creación y aprobación de esta ordenanza se debe a los cuestionamientos que suscitó la subasta de motocicletas que hizo el mes pasado la Municipalidad de San Luis y el anuncio de que piensa realizar aún más.
Ya en su primer artículo, el proyecto aprobado establece que quien debe ordenar estos procedimientos es el juez municipal de Faltas, por lo que la Municipalidad no podrá organizarlos unilateralmente como lo hizo la vez anterior, por más que tenga la autorización de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).
Otro punto importante del proyecto aprobado es que autoriza la subasta a tan solo 6 meses de que el vehículo haya sido secuestrado. Por su parte, el Juzgado de Faltas estará obligado a intimar al titular del automotor y/o moto secuestrado a “que proceda a acreditar su condición de dueño y a retirarla en el plazo de 10 (diez) días previo pago de los gastos y multas que recayeren sobre el mismo y bajo apercibimiento de procederse a la subasta”.
El Juzgado de Faltas deberá también, a petición del Ejecutivo, “elaborar mensualmente listados de vehículos en condición de ser subastados”. La ordenanza también establece la posibilidad de que los vehículos que estén en buen estado queden en comodato para la Municipalidad y que el destino del dinero de las subastas sea la compra de decibelímetros, alcoholímetros, conos viales y los elementos de seguridad que requiere el personal de Seguridad Vial o Patrulla Urbana.
“Se hizo bien, pero se podría haber hecho mejor, porque son proyectos que están desde el 2015. Por una maniobra del Ejecutivo municipal se tuvo que hacer una extraordinaria para tratar de legalizar, a parte de lo que se hizo, lo que se viene”, opinó el concejal Juan Domingo Cabrera, al finalizar la sesión extraordinaria de ayer.
Cabrera manifestó además que la ordenanza en la que se basó la Municipalidad para hacer la subasta anterior, llamada comúnmente “Cuentas Claras”, solo estipula la subasta de vehículos propios del municipio y no de los que han sido secuestrados.
El concejal también comento que mucha de la gente que compró motocicletas en la subasta anterior terminó devolviéndolas, ya que el trámite que debía hacer para inscribirlo a su nombre, que es el mismo de un cero kilómetro, resultó ser más caro que propio vehículo.
