“Este trabajo nos demandó 4 meses para cumplir con los requisitos necesarios para poder efectuar la subasta, pero ha sido un éxito. La gente del Colegio de Martilleros nos había adelantado que iba a ser mucha la gente que iba a participar”, dijo el secretario de Gobierno, Francisco Petrino.
Sin embargo, un día antes de que se realizara esta subasta, el juez de Faltas, Alejandro Ferrari, llamó la atención sobre el evento, asegurando que no se habían cumplimentado los pasos legales necesarios y que el Poder Ejecutivo nunca le consultó ni informó nada al respecto. “No está autorizado por el Juzgado de Faltas”, dijo Ferrari, quien el viernes notificó al municipio, pidiéndole que no siga adelante con la subasta sin el consentimiento del Juzgado de Faltas y del Concejo Deliberante. El magistrado aseguró, directamente,
El juez advirtió que adquirir una moto en esta subasta puede tener consecuencias para quien lo haga, en especial si se trata de una que sí tiene dominio. Al respecto, señaló que hay al menos 70 motos que tienen a sus titulares individualizados y que han realizado algún tipo de presentación en el Juzgado de Faltas. De acuerdo a Ferrari, el municipio nunca le consultó cuál es el estado de los trámites de los titulares de estas 70 motos.
“El Juzgado de Faltas Municipal es el organismo que está a cargo de estas motos, más allá de que no las tenga físicamente. El Poder Ejecutivo Municipal las retiene por su poder de policía, eso está correcto, pero las poner a disposición del Juzgado de Faltas, no puede disponer de esas motocicletas”, dijo el magistrado, señalando que el procedimiento correcto requiere una autorización del Juzgado de Faltas y que luego el Concejo Deliberante dicte una ordenanza autorizando la subasta. “No puede disponer de motocicletas ni de ningún vehículo”, remarcó Ferrari.
La respuesta de la Municipalidad vino de la mano de Petrino, quien aseguró no entender bien “a qué se refiere” el juez de Faltas. “En una nota que cursó ayer a la Municipalidad no puntualizaba cuáles eran los requisitos que no se estaban cumpliendo. Contamos con una Ordenanza de Compras y Contrataciones Transparentes que prevé la compra y venta al mejor postor, que es lo que estamos efectuando y además esto tiene la aprobación de una Dirección Nacional, porque toda la documentación hay que remitirla a la Dirección Nacional de Registro del Automotor, para que las personas que adquieran los vehículos los puedan inscribir. Hay que preguntarle al doctor Ferrari cuál ha sido el trato que el Juzgado de Faltas les ha dado a motos que llevan secuestradas más de siete años”, concluyó el secretario de Gobierno de la Municipalidad.
