La causa fue iniciada en 2010 durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. 
La Corte Suprema derivó a un tribunal administrativo la demanda que inició el Gobierno en 2010 por daños y perjuicios contra el Estado Nacional por la eliminación de las AFJP, según reveló el medio K, Tiempo Argentino. El argumento del gobierno provincial es que perdió dinero por derogación del sistema de AFJP realizada en octubre de 2008, por lo cual reclama una indemnización millonaria.
Para la Corte, “la provincia de San Luis se despojó de su carácter soberano y tomó el de un particular, siendo este el principio que se aplica a todo caso en que el gobierno llega a ser partícipe en una compañía de comercio”.
Es importante recordar que el Gobierno era socio de la AFJP, Profesión + Auge y poseía poco más del 4% de acciones. La provincia no solamente pretende el pago en dinero de las acciones que tenía sino que también de todos los gastos que debió afrontar para la disolución de la sociedad como por ejemplo, indemnizaciones, gastos corrientes, etc. Por los gastos se pretende el pago de $1.032.344,72 calculado al 30 de junio de 2009.
