De acuerdo al Intendente, un pequeño grupo de violentos, que estarían perfectamente identificados, “rompió 80 metros lineales de cerramiento perimetral, que tiene un costo superior a los 25 mil pesos la reposición”. Además, se ha tenido que comprar cuatro cámaras de seguridad por un monto de $12.000, a los que hay que sumar la “responsabilidad que asume ahora la Municipalidad, y no el contratista, de invertir en la seguridad de los trabajadores y vecinos, por lo que se ha contratado una empresa de seguridad, a razón de $2.000 diarios de costo”.
“Ni que hablar del lucro cesante, que es la plata que deja de percibir la empresa por cada día de atraso de la construcción, que totabiliza una suma de 5 mil pesos diarios”, agregó Ponce, quien comentó que “es preocupante, la intolerancia, la falta de responsabilidad y la violencia de algunos sujetos que obedecen evidentemente, no a razones particulares, que pueden estar motivadas por una falta de información o porque piensen que se van a ver perjudicados por esa obra”.
A continuación, el Intendente aseguró que los agresores tendrán que responder ante la Justicia y denunció que hubo, en el lugar de la obra, “una zona liberada”. “Agraviaron a personal de la Municipalidad y a la responsable de la Red Comprar que de muy buena manera y pacíficamente se prestó al diálogo con ellos. Temió por su seguridad e integridad física por la violencia en que la trataron y de la manera que se condujeron”, contó Ponce.
“Eso significó que, teniendo conocimiento con horas de anticipación de lo que iba a pasar, hicimos lo que teníamos que hacer: hablamos con la Policía, se habló con el comisario Javier Miranda, segundo Jefe de la Comisaría Séptima a las 20:30 horas. Nos dijeron que ya estaban al tanto de lo sucedido, y que tenían conocimiento que ésta situación podía ocurrir. Se comprometieron a recorrer de manera permanente a partir de ese momento la zona y comunicar ésta situación al Comando Radioeléctrico. No nos quedamos con esa información, con lo cual el secretario de Seguridad se comunicó con el Jefe de Policía que nunca respondió el llamado, lo que motivó que llamara al Ministro de Seguridad, siendo atendido por el secretario privado Bruno Diez, a la hora 20:35. A Diez se le informó el motivo del llamado, y en nombre del Ministro dijo que iban a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que esas amenazas no se produjeran”, fue la primera parte del largo relato de Ponce.
“Finalmente, como sabemos algunas cosas, y lamentablemente ocurre que tenían que ver con ésta presunción de que iba a haber zona liberada, acudimos a la Justicia. A las 21:50 horas se presentó ésta denuncia penal, donde se solicita una medida cautelar para que este señor violento y el grupo de inadaptados sociales que lo acompañaran no llegaran a consumar sus amenazas agravadas. Se presentó a las 21.50 y fue recibida en el domicilio de la Dra. Silvina Schenk, por orden del juez Contravencional Bustamante. El juez, de manera inmediata, debió garantizar lo que nosotros solicitamos, que no era otra cosa que la intervención de la Policía de la provincia de San Luis para garantizar la integridad física de los trabajadores de la empresa y de la Municipalidad que también fueron amenazados. Y por sobre todas las cosas también garantizar que se siga adelante con la obra sin que se ocasione daños a la propiedad pública como ocurrieron en ésta circunstancia”, concluyó el relato de Ponce sobre la travesía que fue solicitar la ayuda, que nunca llegó, de la Policía y de la Justicia.
En cuanto a las acciones que la Municipalidad tomará al respecto, Ponce sostuvo que “no se van a quedar con los brazos cruzados”. “No hay marcha atrás, porque una cosa es tolerancia y otra cosa es ser permisivo e incurriría en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con lo cual en el día de hoy he dado precisas instrucciones, a través de la Asesoría Letrada, y al abogado penalista Eduardo Agúndez, para que le
interponga una denuncia penal ante el fiscal General, el procurador Estrada, a los efectos de que tome participación ante la denuncia penal que le vamos a realizar al Jefe de Policía y también al juez Bustamante, por el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dijo el Intendente, quien luego dedicó unas cuantas palabras más al accionar del juez Marcelo Bustamante.
“Si no hubo una actuación dolosa del juez Bustamante que está puesto allí para garantizar la seguridad de los vecinos y de los bienes públicos de la Municipalidad y de los ciudadanos, entonces incurrió en negligencia y desconocimiento del Derecho, con lo cual le vamos a interponer una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento. Porque ese juez, si es coaccionable por una llamada y un teléfono político que le dice ‘no actués’, no puede ser juez; y si no recibió el llamado político para que no intervenga, para que haya zona liberada, no tiene la idoneidad moral para ser juez porque le faltan agallas y desconocimiento del derecho para hacer lo que tiene que hacer. Ahora tendrá que pagar las consecuencias, porque esos daños producidos a la Municipalidad son daños producidos a los vecinos”, disparó el Jefe Comunal, quien después volvió a reiterar que están perfectamente identificados los agresores.
Y a pesar de todo esto, Ponce garantizó que “la obra se va a hacer”. “No por una tozudez mía que soy el intendente, porque es una obra que mayoritariamente todos los vecinos están a favor. Porque no perjudica a nadie, porque hay acuerdo de precios, porque si hay uno o dos, o cinco comerciantes, sabemos quiénes son, van a vender más. Van a trabajar mejor, no se van a superponer las góndolas de los productos del supermercado con los productos que ellos tienen en el almacén. Van a comprar más barato al mayorista porque el mayorista va a ser el Mercado Central de Buenos Aires que tiene una cadena de precios mucho más reducida, lo cual redundará en mejores ventas y mayores ingresos para esos comerciantes. Pero el gran beneficiado va a ser el pueblo puntano, el vecino común, doña Rosa, todos ustedes, nosotros que hacemos la obra y es para bien público”, dijo Ponce, cerca del final de su alocución.
Por último, aventuró cuáles seguramente serán las respuestas del Gobierno y del juez cuando se interponga la denuncia, aduciendo que se perdió la filmación de la cámara de seguridad que está próxima a la obra, y que la Policía no pudo actuar debido a lo rápido que se dispersaron los agresores.
