“Repudiamos este tipo de prácticas y exhortamos al gobierno de San Luis para que disponga de todos los mecanismos necesarios para prevenir los tratos crueles e inhumanos”, afirmó Fresneda y advirtió que “la ley 26.827 determina mecanismos de prevención contra la tortura y el Gobierno nacional hace tiempo que le solicita a las provincias, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en los Consejos Federales, que elaboren e implementen métodos de prevención en cada una de ellas”.
El funcionario subrayó que “los argentinos no podemos tolerar estos tratos porque son flagrantes violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Evaluaremos la realización de una denuncia, porque resultan inaceptables este tipo de prácticas”, sentenció.
“Este tipo de prácticas hace descender la dignidad del ser humano; las cárceles no deben ser un lugar de violación de los derechos humanos, sino que deben cumplir una función social para garantizar la reinserción”, concluyó el secretario.
