[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]ste lunes, a las 9 de la mañana, comenzó el jurado de enjuiciamiento (también conocido como “jury”) al polémico juez Civil, Comercial y Ambiental N° 4, Agustín Ruta. La jornada de 9 horas y media abrió con la lectura de la acusación en relación a lo actuado por Ruta en el marco de la causa Codapri SA contra banco Macro, dando luego lugar a la contestación del magistrado. La acusación fue realizada por el procurador general de la provincia, Luis Martínez. Te recomendamos leer primero nuestro artículo sobre la acusación para poder comprender los puntos de la respuesta de Ruta.
En su acusación, Martínez critica que Ruta ordenara la constitución de un plazo fijo a nombre de Codapri, en vez de hacerlo a nombre del expediente. Al respecto, el juez dijo que esto no importaba, ya que solo puede ser retirado bajo orden del Juzgado. “Es absolutamente carente de consecuencia”, manifestó Ruta, quien está siendo representado por los abogados Carlos Acevedo y Susana Placidi.
“Si algún día la Corte Suprema de Justicia modifica el fallo, los fondos siguen en su 50% a plazo fijo a disposición del Tribunal y por el otro 50% hay un inmueble del actor que cauciona su devolución”, agrega Ruta, quitándole importancia a la extracción de más de 34 millones de pesos que autorizó en 2021. El juez también señala que, por más que la causa ahora tramita en la Corte Suprema de la Nación, en San Luis todavía está vigente la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Gran parte de la defensa de Ruta gira en torno a que el banco Macro no cuestionó muchas de las cuestiones que Martínez señala en su acusación. “El banco Macro nunca denunció alguno ni sostuvo nada de todo esto que afirma Martínez”, dice Ruta, quien agrega: “Todos los actos procesales que se imputan de irregulares han sido expresamente convalidados por el banco y nunca objeto de impugnación”.
Ruta sostiene esto basándose, en parte, en el acta extraprocesal que el procurador Martínez y la apoderada del banco Macro, Claudia Rocha, consideran falsa. El juez asegura que es “ajeno por completo” al acta, ya que la misma fue confeccionada por el secretario de su Juzgado, Marcos Figueroa Zavala, y “los letrados de ambas partes (quienes) concurrieron al Tribunal a manifestar que, entre ellos, y sin la participación del Tribunal ni del magistrado, para la oportunidad en que se dictara la sentencia del STJ no recurrirían ni obstaculizarían el cumplimiento de lo que se dictare”.
Sobre esta acta extraprocesal, supuestamente confeccionada en una audiencia celebrada el 10 de diciembre de 2020, el procurador sostiene que no hay constancia de que se haya dado turno para ese día y que tampoco hay registro alguno de trazabilidad, ya que en esa época estábamos en pandemia. Al respecto, Ruta manifestó que Martínez dice esto “como si el ingreso por calle Colón no hubiera estado sin control o como si la autorización de ingreso hubiera sido rigurosa”.
Otra cuestión que apuntó fue que solo se peritó una de las 10 computadoras con las que cuenta el juzgado, pero no pudo indicar en cual de todas se redactó la nota. Esto se debe a que la prueba ofrecida por Martínez señala que el acta no fue confeccionada en el Poder Judicial.
El juez también sostiene que, en relación al acta, “no se ha manifestado cuál ha sido la irregularidad, ya que lo expresado en el acta extraprocesal no ha sido materializado en el proceso ni receptada por el Tribunal y no ha sido seguida por el Juzgado”. Horas después, cuando tomó la palabra, dijo que lo manifestado en ese acta no incidió “en absolutamente nada” en su actuar en dicha causa. Además, dijo que aceptó la confección de dicha acta “ante lo intempestivo de la comparecencia de los dos letrados” y que fue firmada por Marcos Figueroa Zavala, el secretario del juzgado.
Al respecto, cabe señalar que Martínez manifestó múltiples irregularidades con respecto al acta y que también ofreció prueba de que el Juzgado sí le dio seguimiento a la misma.
Asimismo, el juez manifiesta que, de todo lo actuado en esta causa, solo se disputa un acto procesal. “Toda la imputación es de solo un acto procesal, habiendo tramitado en 15 años varios de miles de causas, con decenas de miles de actos procesales. Si una posible supuesta irregularidad entre decenas de miles, Martínez convengamos no tiene perdón de dios”, dijo Ruta, quien dedicó múltiples descalificativos a Martínez.
Por ejemplo, en un momento dijo que el procurador “ha preferido esta vía del escándalo para ocultar su evidente negligencia procesal a lo largo del expediente”. En otro momento, habló de “atolondramiento procesal, simple y pura ignorancia o una pésima calidad láctea”.
El juez también sostuvo que todo esto fue un “numerito” montado por Rocha y Nóbile para “lavar su responsabilidad frente al banco Macro, justificando la resolución en unas irregularidades del magistrado, en un fallo que fuera confirmado por el STJ oportunamente”.
Además, Ruta citó jurisprudencia de otras provincias, señalando que lo que ocurrió con esa acta procesal se trata de una infracción administrativa y que la misma ya habría prescripto, ya que no se imputa la comisión de ningún delito.
