[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]ste miércoles, tras un debate de 3 horas y media, la Cámara de Diputados le dio media sanción, por 36 votos afirmativos y 2 en contra, a la adhesión a la ley nacional 27.709, más conocida como Ley Lucio, que establece la creación de un “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes”.
¿A qué se debieron esas 3 horas y media de debate y esos dos votos en contra? En pocas palabras, la oposición pidió hacer una modificación a este proyecto y poner que el Estado garantizará la protección de la identidad de las personas que denuncien algún caso de maltrato. El oficialismo se negó a esto y prefirió dejar el texto de la ley nacional, la cual “recomienda” la protección de la identidad.
Esta modificación fue propuesta por el diputado radical Luis Lucero Guillet y, según contó, surgió del diálogo con Ramón Dupuy (abuelo de Lucio) y con el diputado nacional por La Pampa, Martín Maquieyra. El proyecto original del legislador pampeano incluía múltiples secciones dedicadas a la protección de la identidad del denunciante, pero las mismas fueron removidas cuando la ley se aprobó y fue reglamentada.
Además, el diputado radical propuso aclarar que la ley se aplicará en el ámbito provincial en vez del nacional, y la incorporación de la figura del abogado del niño.
Estas propuestas no le gustaron para nada al oficialismo, el cual comenzó su ataque a Guillet asegurando que estaba plagiando los proyectos del oficialismo. Al respecto, la diputada oficialista Fernanda Spinuzza dijo que la ex diputada Eva Morel presentó la adhesión a la Ley Micaela y que después Guillet hizo lo mismo; y que ahora el radical estaba haciendo lo mismo con su proyecto.
“Hay un problema de sacar el pecho y hablar de autoría que tiene el espacio radical”, dijo Spinuzza, a lo que su compañera de bloque Gloria Petrino agregó: “Esperamos que no hubiera chicanas ni esta ambición de protagonismo o maniobra tribunera”.
Guillet respondió estas acusaciones señalando que la adhesión a la Ley Micaela fue originalmente presentada por Alejandro Cacace cuando era diputado provincial. Con respecto a la Ley Lucio, señaló que esta ley no estaba promulgada cuando se presentó el proyecto de adhesión. “Una ley de adhesión no puede ser aprobada por esta cámara hasta que esa ley no esté promulgada”, dijo el radical, asegurando que su proyecto “venía a subsanar el error de la presentación anticipada”.
El oficialismo también descartó la propuesta de la incorporación de la figura del abogado del niño, señalando que ya hay una ley provincial que establece esta figura. “Esta ley que está vigente, donde se crea la figura del defensor de niños, adolescentes e incapaces, no tiene en su ley de creación la potestad de intervenir en los casos de esta ley (Lucio) porque cuando se creó aquella ley, ésta no existía, por eso es necesario incorporar este artículo, porque sino dejamos sin ningún tipo de intervención del Estado”, contestó Guillet.
De igual manera, por lo que más se discutió fue por el hecho de garantizar o recomendar la protección de la identidad del denunciante, algo a lo que, ni siquiera después de cuarto intermedio, el oficialismo accedió. Los distintos sectores de la oposición apoyaron lo propuesto por Guillet, pero desde el oficialismo no dieron el brazo a torcer. Es más, Spinuzza dijo que era “urgente” para ellos darle esta media sanción, que el Senado trate el proyecto la semana que viene y que la ley sea reglamentada antes del 10 de diciembre. Si bien en estos próximos pasos se pueden incorporar las modificaciones sugeridas por Guillet, no se dio ningún indicio de que esto pueda llegar a ocurrir.
“¿Por qué hay tanto apuro de que se apruebe en una semana? Yo quiero que las cosas se hagan bien”, dijo Verónica Causi, de Sanluiseños por el Cambio, señalando que “se está tratando de mejorar y adaptar esta ley a la provincia”. Berta Arenas, de Todos Unidos, remarcó que “es tan contundente” la redacción propuesta por Guillet, y recordó que “es fundamental que haya una garantía para el denunciante”.
“Era una ley superadora, quizás cuando se obtenga la media sanción en el Senado se pueda tomar este aporte”, dijo el intendente capitalino electo, Gastón Hissa, señalando que “hubiese sido bueno un gesto de amplitud” por parte del oficialismo el incorporar el aporte de la oposición.
“Preferimos, por el solo de no acceder a incorporar este artículo, a quedarnos con ‘recomendar la protección’. Va a seguir pasando lo mismo, la gente no va a denunciar. Esto es absoluta hipocresía”, dijo luego Lucero Guillet, en su intervención, anunciando que, si bien está plenamente de acuerdo con la ley, iba a votar en contra del despacho del oficialismo.
El momento más insólito del debate vino de la mano de Gloria Petrino, cuando señalaron que en el proyecto de la oposición trabajaron docentes de la Universidad Nacional de San Luis, como Emilse Sánchez, doctora en Bioquímica que se desempeña en el área de Neurociencia. “Últimamente anda lejos de la verdad la Universidad Nacional de San Luis”, respondió la oficialista, en referencia a lo ocurrido con la visita del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta y el pedido que hizo el rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, de utilizar el Solar Histórico.
Claramente, Petrino aplicó una especie de lógica partidaria a un lugar como la UNSL, dando a entender que todos sus docentes y científicos adhieren a o son responsables por las acciones del rector de turno. Un planteo verdaderamente insólito el de la diputada.
Así fue como, después de tantas horas de un debate que el mismo Guillet calificó como “inerte”, el proyecto del oficialismo terminó logrando su media sanción por 36 votos afirmativos y 2 negativos.
