El Poder Judicial deberá probar que Mones Ruiz cumple los requisitos para integrar el Superior Tribunal

[dropcap style=”circle”]L[/dropcap]os últimos movimientos en los expedientes judiciales iniciados por Ricardo Bazla, presidente del Tribunal de Contralor de Villa Mercedes, para que quede probado que el vicegobernador Eduardo Mones Ruiz no reúne las condiciones para ser ministro del Superior Tribunal de Justicia, apuntan a que deberá ser el propio Poder Judicial quien aporte las pruebas sobre el trabajo profesional que efectivamente habría desarrollado el vicegobernador, del modo que exige la Constitución Provincial.

Según informó Bazla, el fiscal Gabriel Lucas Macías asumió intervención en esa causa y declaró la competencia de la jueza Gabriela Ramosca, de Villa Mercedes, para que haga lugar a las peticiones formuladas.

Cabe recordar que uno de los principales puntos de los planteos en contra de la postulación del vicegobernador es el artículo 202 de la Constitución Provincial, el cual, en su inciso cuarto, establece que para integrar el STJ se requiere “diez años de ejercicio de la profesión de abogado o de alguna magistratura judicial”.

“Aunque las pruebas lleguen con posterioridad a una eventual designación de Mones Ruiz en el Superior Tribunal de Justicia, todo será de utilidad para probar que no cumple con los requisitos constitucionales y que el probable acuerdo que se le otorgue se habrá hecho por fuera de la Constitución”, dijo Bazla

Además, el letrado solicitó que el Colegio de Abogados de Villa Mercedes informe cuáles han sido los aportes realizados como profesional por Mones Ruiz; y que también el órgano de control de tasas judiciales informe cuáles son los tributos pagados por el vicegobernador en cada causa en que haya intervenido.

Asimismo, pidió que todos los juzgados de la provincia de San Luis le informen a la jueza Ramosca las actividades profesionales del vicegobernador, en su carácter de abogado.

En el expediente también había intervenido Gustavo Reviglio, quien pidió que se declarara la incompetencia de la magistrada y que el caso se archivara, lo cual fue rechazado por el fiscal interviniente.

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