[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]l día de hoy, el periodista Mario Otero dio a conocer que, la semana pasada, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “bloqueo” al que lo ha sometido el Gobierno de San Luis para impedirle “ejercer plenamente” su profesión.
“Además de una discriminación respecto del trato a mis pares, el bloqueo importa el impedimento absoluto para acceder a los documentos de los actos del Gobierno de la Provincia, para recibir las explicaciones necesarias, celebrar conversaciones con los funcionarios y entrevistarlos para mis materiales periodísticos”, manifestó Otero en un mensaje que envió a múltiples colegas periodistas de la provincia, señalando que “el blindaje opera en todos los ámbitos del accionar gubernamental, de su control y de su influencia”.
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“Al impedirme la búsqueda de la información que pretendo, el Gobierno de la Provincia de San Luis me conculca la libertad de pensamiento, porque no logro conocer la mayor cantidad de hechos y razones que me permiten fundamentar mis opiniones. De tal forma vulnera la libertad de expresión y de prensa”, continuó Otero, quien también remarcó que, antes de esta presentación legal, agotó la búsqueda de respuestas a sus requerimientos periodísticos, “incluyendo un pedido de explicaciones a la Jefa de Gabinete de Ministros”. Ninguna de estas presentaciones fue contestada, aseguró el periodista de radio Universidad.
Los puntos clave de la denuncia
El escrito presentado por Otero, que es representado por el abogado y ex concejal Francisco Guiñazú, pide que la CIDH “intime al estado nacional (Rep. Argentina) y provincial (Prov. de San Luis) para que aseguren al denunciante y/o a quien lo requiera, su DERECHO y LIBERTAD de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”; y destaca que “el ejercicio de dicho derecho no puede estar sujeto a previa censura ni se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, previstos para impedir la comunicación o la circulación de ideas y opiniones, como ocurre en el hecho que aquí se denuncia”.
El escrito señala que “el comportamiento del estado argentino y de la provincia de San Luis en particular, importa en éste caso, una grosera VIOLACIÓN a DERECHOS HUMANOS del denunciante, como lo son, la libertad de pensamiento y expresión, tutelados por el art. 13 y concordantes de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS”.
Luego, Otero y Guiñazú exponen cómo funciona el modelo comunicacional actual del Gobierno. “Es de presumir que el ENCARGADO DE PRENSA se conecta con el PROGRAMA MEDIOS o a sus SUPERIORES JERÁRQUICOS y, en función de lo que allí decidan, el primero autoriza o no el reportaje”. “Es en este contexto de actuación que se producen los hechos que me impiden el libre desarrollo periodístico, pues no puedo acceder a la información personalizada que debieran brindar los funcionarios responsables, que siguiendo un mecanismo de censura impuesto por el gobierno de la provincia de San Luis (estado argentino), no se les permite ser entrevistados o bien, sólo bajo las condiciones que el Estado provincial (San Luís) de hecho impone, lo que atenta groseramente contra la libertad de expresión y pensamiento, afectando no sólo mi derecho a informar, sino también el de los oyentes ciudadanos que no pueden acceder a la información que se procura transmitir, lo que aquí se denuncia y deseo sea urgentemente investigado, para terminar con estas prácticas feudales que no nos reconoce como ciudadanos libres e independientes”, expone Otero.
El periodista señala además algo que es sabido de sobremanera, como es el hecho de que desde el Gobierno “sólo responden a las requisitorias periodísticas de los medios afines al poder gobernante, lo que demuestra también la grosera desigualdad en el tratamiento de la información pública”.
“Por otro lado considero imprescindible distinguir entre la información pública y el derecho a la búsqueda, recepción v divulgación de la información; son dos derechos distintos que no deben confundirse. En el primer caso, se exhibe el derecho del ciudadano á la información y, en el presente caso, el derecho humano violado se vincula con la investigación periodística fuertemente resentida o afectada por el mecanismo planificado desde el poder para que a los ciudadanos llegue la información que el gobierno desea”, destaca la denuncia en otros de sus párrafos clave.
