[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]ste jueves por la mañana, Alejandro Guzmán y Diego Gattavara, concejales de El Volcán por San Luis Unido y Todos Unidos, dieron una conferencia de prensa en la que, una vez más, denunciaron la increíble situación de irregularidad e inconstitucionalidad que se está viviendo en el ya mencionado municipio. “Es una lucha muy desleal y desgastante por el simple hecho de que no se respetado la democracia institucional”, dijo Guzmán.
Cabe señalar que el Concejo Deliberante de El Volcán, al igual que el de localidades como El Trapiche, fue creado en 2019. Por ello, una de las primeras cosas que los 4 concejales de El Volcán hicieron apenas asumieron en diciembre de 2019 es aprobar un reglamento interno, el cual salió publicado en el boletín oficial del municipio el 22 de enero de 2020. Luego de ello, el periodo de sesiones ordinarias comenzó el 5 de marzo, al igual que los problemas con el intendente Ricardo Callegaro y los concejales del oficialismo.
El primero de ellos fue que los dos concejales del Frente Justicialista, Olinda Barroso y Jorge Omar Scuka, no quisieron cumplir con el artículo 106 de la Constitución Provincial, ya que no querían tomarse licencia como empleados de planta permanente de la Municipalidad de El Volcán. “La Constitución dice que no se pueden percibir dos cargos públicos. Decidimos intimarlos para que ellos cesaran con esa situación, tomando licencia sin goce de haberes y dedicarse a lo legislativo; o directamente seguir siendo empleados del municipio”, dijo Guzmán, quien destacó que “el intendente tampoco hizo nada en su momento”.
Guzmán señaló que Barroso y Scuka faltaron a 16 sesiones durante el año e inclusive sostuvo que son “ex concejales”, ya que ante el incumplimiento de sus roles legislativo, y luego de que se los intimara por la fuerza pública y a través del Concejo Deliberante, se decidió expulsarlos. “Posteriormente se trata en una reunión de comisión y después en una sesión la cesantía de estos dos concejales, con quórum legal, y sale publicado en el boletín oficial. Ellos quedan cesantes el 3 de julio de 2020”.
Otro gran conflicto fue con respecto a la presentación de las cuentas de inversión 2019, lo cual, a la fecha, todavía no ha ocurrido. Y lo mismo ocurrió con el presupuesto 2021, el cual tenía que ser presentado antes del 30 de septiembre de cada año. “Entonces se hace una nueva resolución para intimar al intendente, salió publicado en el boletín oficial, que en 48 horas tenía el Ejecutivo que presentar la rendición de cuentas y toda la documentación que estamos solicitando. Acá durante todo el año tampoco se recibieron pedidos de informes, ni notas ni reclamos. Encontramos sobrefacturación en la boleta del agua y un montón de reclamos que durante todo el año legislativo no se pudieron tratar porque el intendente tenía la orden de no recibir ningún tipo de cuestión”, manifestó Guzmán.
A raíz de todo esto, el concejal de San Luis Unido terminó radicando una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra del intendente Callegaro. “Faltan 38 millones de pesos, tenemos abandono de persona, abandono del pueblo. No se encargó de las necesidades básicas del pueblo. El agua está totalmente contaminada, hay campings amigos del intendente que tiran las aguas servidas al río”, dijo Guzmán.
Uno de los conflictos más recientes con Callegaro se produjo este 5 de enero, cuando el jefe comunal convocó “a sesión extraordinaria por las redes sociales”, sin una notificación oficial, e hizo que llevaran a Guzmán y Gattavara a sesionar “a la fuerza” para que firmaran el presupuesto “sin ningún tipo de rendición de cuentas”. Luego de este episodio, los concejales opositores y sus familias sacaron un hábeas corpus (figura jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juez de instrucción), porque sienten que “esto ya es una mini Formosa”.
Para finalizar, y luego de este episodio, los concejales opositores se hicieron presentes en la Municipalidad de El Volcán para dialogar con Callegaro, solo para descubrir que el intendente se había ido de vacaciones, sin notificarlo al Concejo Deliberante para que el presidente del mismo se haga cargo del Ejecutivo hasta su regreso, como corresponde en todo municipio que tiene Poder Legislativo. “A cargo de la intendencia estaba una empleada municipal que entrega los carnets. Eso todo lo pudimos certificar con un escribano público, a pesar de que fuimos, otra vez, amenazados por la Policía y el secretario de Gobierno, Eduardo Gomina”, remarcó Guzmán.
El concejal sostuvo además que todo esto es posible gracias a que el Gobierno “ha mirado para otro lado y ha sido cómplice, junto a la Justicia, por no llamar la atención o no ver cómo se puede llegar a investigar lo que está ocurriendo”.
