[dropcap style=”square”]L[/dropcap]os autoconvocados de los autoplanes de ahorro siguen su lucha contra los desmesurados aumentos que abonan mes a mes en la cuota de su auto 0Km y esta mañana se manifestaron frente al edificio del Poder Judicial para pedir celeridad en la causa. En la provincia de San Luis hay más de 5.000 damnificados que padecen el aumento en las cuotas que supera el 500% en 18 meses de los cuales 2.000 hicieron su denuncia en Defensa del Consumidor.
“Seguimos sin respuestas. Hoy nos presentamos ante la Justicia provincial a efecto que se tome conciencia de la situación que nos acontece. Nuestras economías han sido desbaratadas en lo económico como en lo social. Buscamos un resguardo hasta tanto se pueda tratar un proyecto de ley que erradique estos sistemas de venta que son perversos”, expresó Damián Cabañez, uno de los autoconvocados, cuyo auto fue embargado al no poder pagar los aumentos en la cuota.
Con las devaluaciones de los últimos meses y la inflación, no solamente provoca el incremento de las cuotas, sino también el precio del auto aumentando mucho más la deuda.
Cabañez contó que comenzó pagando una cuota de $2.500, pero desde mediados de 2018 comenzaron los incrementos “y las últimas cuotas estaban por encima de los $15.000”. Es un aumento acumulado del 500%
Otro de los manifestantes contó que comenzó pagando $2.800 y el mes pasado abonó $14.800, lo que significa un incremento del 428,47%. “No sé este mes cuánto me irá a llegar. No sé si podré pagar. Hay momentos que uno ni puede juntar la plata para pagar y si junta para el auto no come”, comentó Argentino Olguín.
Otro caso es el de Andrés Leyes, quien comenzó pagando $3.500 de cuota y en julio pagó $13.600. En su caso, el aumento del valor de la cuota es del 288,57%. “Se me va casi la mitad del sueldo de lo que yo trabajo en fábrica al auto y después tenés que echarle nafta. La verdad que se te complica todo. Me faltan 58 cuotas”.
En abril, la senadora nacional Eugenia Catalfamo presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley para declarar la emergencia económica en los contratos de planes de ahorro para la compra de automotores en todo el territorio nacional por el término de 180 días. El proyecto impulsa la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución y medidas preventivas, y la aplicación de intereses resarcitorios y punitorios.
Por otra parte, Defensa del Consumidor interpuso en la Justicia federal en mayo pasado un amparo judicial para frenar los aumentos. El fuero federal se declaró incompetente y le pasó la pelota a la Justicia provincial.
Pasaron cuatro jueces que se excusaron para hacerse cargo del expediente hasta que recayó en el Juzgado Laboral Nº 2, cuya titular es María Eugenia Bona.
La jueza Bona no hizo lugar a la medida cautelar de los damnificados que consistía en la suspensión de los embargos por falta de pago hasta tanto se definiera el fondo de la cuestión.
“Han transcurrido tres meses y no tenemos respuesta del amparo. Los embargos siguen su curso, las cuotas siguen aumentando. Si bien nosotros podemos achicar cuota, el valor de la unidad se va incrementando el doble del costo de nuestra cuota. Es una deuda interminable”, sentenció Cabañez.
