La denuncia es relativa a la entrega de tablets que se hizo en la sede del Partido Justicialista.
El día de ayer, el abogado Ricardo Bazla, ex asesor letrado de la Municipalidad de San Luis y actual dirigente perteneciente al sector de Claudio Poggi, presentó una denuncia penal en contra de las ministras de Hacienda, Desarrollo Social y Ciencia Tecnología, Natalia Zabala Chacur, María Angélica Torrontegui y Alicia Bañuelos, respectivamente.
La denuncia está relacionada a la entrega de tablets del Gobierno a las personas que manejan los merenderos provinciales, la cual, a su vez, fue realizada en la sede del Partido Justicialista y no, por ejemplo, en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social.
“Esto no estaba previsto en la normativa que establece quienes deben ser los destinatarios. Esto se publicó en el mes de junio de este año por parte del Ministerio de la señora Bañuelos, estableciendo que las tablets que se compraban, 122.500 en total, iban a estar destinadas a alumnos de primer y segundo grado, docentes y directivos, personal de la salud pública, personal policial, beneficiarios del Plan de Inclusión y, por último, jubilados y pensionados que cobran en la provincia”, explicó el abogado.
“Eso se vino cumpliendo hasta que, a partir de los resultados de la elección del 13 de agosto, se modifica y se desvirtúa y se empiezan a entregar tablets desde la sede del Partido Justicialista”, comentó Bazla, remarcando que allí está el detalle que hace que incurran “en el delito de peculado y malversación de caudales públicos”.
“El delito de peculado, que es el más delicado de todos estos, se da cuando se utilizan bienes públicos en provechos de terceros, dice el Código Penal. En este caso sería en provecho de los candidatos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. No hay cuestionamientos respecto de la adquisición de las tablets, pero sí respecto a la distribución posterior al 13 de agosto”, explicó el ex asesor letrado de la Municipalidad, quien aseguró que ha aportado “las pruebas suficientes de audios y videos que declaran haber recibido dos instrucciones sumamente graves”.
Estas instrucciones, contó Bazla, consisten en “cargar la fotografía del grupo familiar de cada uno de los niños que vaya a los merenderos”; y en hacer “un seguimiento de quienes están en su circuito electoral”. “¿En qué consiste el seguimiento? ¿En saber si lo vota a Poggi o lo saluda al Adolfo? Esto lo planteo en términos de interrogante porque genera una situación de sospecha de una política de espionaje que podría estar despertándose”, comentó el letrado.
En cuanto al delito de malversación, Bazla sostuvo que se produce cuando a las tablets no se les dio el destino de la norma publicada en el mes de junio.
“Todos esos delitos que yo he denunciado como posibles autores a las tres ministras, quedan incluidos dentro de lo que se llama el concurso ideal. Hay concurso ideal de delito cuando un hecho queda en distintos artículos del Código Penal. En ese caso, se juntan todos los delitos y se aplica la pena mayor”, continuó Bazla, señalando que la pena mayor es la de especulado, que va de 2 a 10 años de prisión.
“Esto forma parte de la espiral de desborde y excesos en la que han caído la mayor parte de los funcionarios del Gobierno Provincial, a partir del resultado de la elección del 13 de agosto. En donde hacen un permanente uso indebido de los bienes públicos y de los espacios públicos”, dijo el abogado, mencionando actos políticos partidarios que se realizaron en edificios del Estado provincial.
Por último, al ser consultado sobre si cree que esta demanda puede prosperar, Bazla dijo que tiene “la obligación como abogado de creer que van a actuar como le ordena la Constitución y las leyes”.
